El gobierno de Mauricio Macri no sólo significa la pérdida de las riquezas estratégicas para la distribución entre las mayorías, sino que además en sólo nueve meses generó una deuda externa superior a los 30.000 millones de dólares, donde los únicos beneficiados son el sector agroexportador y el financiero. En este escenario es fundamental que los los dirigentes políticos y sociales se unan para resistir a la aristocracia del dinero.
Por Aritz Recalde (*) Durante los últimos años los gobiernos de la región tuvieron que implementar sus programas de desarrollo en un contexto económico internacional poco favorable. La caída de los precios del hierro, de la soja o de los hidrocarburos le ocasionaron serias dificultades a Dilma Rousseff en Brasil, a Cristina Kirchner en la Argentina y a Nicolás Maduro en Venezuela. La baja de los precios de commodities se complementó con la disminución de las exportaciones, que fue resultante de que las economías europeas y norteamericana estaban cerca del estancamiento, sumado a la disminución de las tasas de crecimiento de China.
Frente a esta situación económica desfavorable se aplicaron cuatro programas de desarrollo.
Dilma y el PT emplearon un esquema de metas de inflación y la Presidenta ajustó el gasto público acentuando el estancamiento económico y el deterioro social. Aprovechando el desencanto popular, la enfrentaron sus anteriores aliados políticos, el grupo de medios Globo, el poder judicial y económico y los EUA. El pueblo no salió masivamente a la calle y sin desmerecer los apoyos del MST, la CUT o la UNE, quedó evidenciado el deterioro del sostén político de la base social del PT.
Cristina Kirchner no aplicó reformas estructurales conservadoras como Rousseff y tampoco impulsó iniciativas nacionales de modificación de la estructura oligopólica y extranjerizada de la riqueza. La mandataria gobernó con déficit fiscal en una economía con bajos niveles de crecimiento, a la espera de que cambien las condiciones internacionales. El deterioro económico y social fue uno de los elementos que Cambiemos puso en agenda para captar el 51% de los votos.
Evo Morales radicalizó el proceso político en Bolivia e impulsó una reforma constitucional, nacionalizó los hidrocarburos y democratizó el acceso a la tierra. Actualmente, está haciendo lo mismo con la minería concesionada. La administración estatal de su principal riqueza le permitió distribuir el ingreso y mantener el apoyo de su base social pese a la caída del precio de las exportaciones.
Argentina y Brasil podían haber seguido el camino de Bolivia y recuperar las riquezas estratégicas para distribuirlas entre las mayorías, reforzando el apoyo social y garantizando los recursos para el crecimiento en el mediano y largo plazo. En el caso argentino, ello implicaba motorizar una concepción peronista ortodoxa y nacionalizar el comercio exterior y hacer una reforma financiera e impositiva. Ello suponía disputar seriamente con el poder económico interno y externo. Lejos de profundizar el proceso político, el FPV realizó una campaña electoral sin propuestas de reformas económicas o de mejora social considerable. En línea con el caso nacional, Dilma anunció una reforma política y un impuesto a la renta financiera y ambas iniciativas no pasaron del discurso.
En los dos países y sin desconocer las diferencias de procedimiento, los gobiernos salieron del poder y no se produjeron grandes movilizaciones o acciones de resistencia popular contundente. En el caso argentino, el FPV no tuvo una campaña electoral unificada y un sector del Movimiento apostó a debilitar al candidato presidencial. La militancia se movilizó activamente entre las elecciones generales y la segunda vuelta electoral, sin con ello impedir la derrota en distritos históricamente peronistas como lo es la Provincia de Buenos Aires.
Cambiemos aplicó el programa de la aristocracia del dinero consistente en garantizar una trasferencia de ingresos al sector financiero, a los grupos agroexportadores y a las empresas de servicios y titulares de los recursos naturales. El gobierno en sólo nueve meses generó una deuda externa superior a los 30.000 millones de dólares. Al sector agroexportador entre la devaluación y la eliminación de las retenciones, les otorgó una ganancia extraordinaria en el año 2016 de 100.000 millones de pesos.
Los aumentos del gas, la electricidad o el combustible están llevando a la crisis a las empresas locales y producen un deterioro social considerable. Los negocios de los proveedores de energía no solo atentan contra la sustentabilidad productiva y social, sino que además ponen en juego la soberanía territorial en Malvinas que está siendo subordinada a los negocios de las empresas inglesas, norteamericanas y holandesas que representa el Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren.
El saldo económico del programa de Cambiemos se expresa en el estancamiento y en la caída del PBI (cercana a los 3 puntos en 2016), en una inflación inducida superior al 45%, en la salida de capitales (más de 20.000 millones de dólares a la fecha) y en destrucción del tejido industrial vía importaciones y debilitamiento del mercado interno (deterioro de la capacidad de consumo popular). La faceta social del programa está mostrando una tendencia preocupante: 200.000 nuevos desempleados, paritarias por debajo de la inflación en el universo de los trabajadores formales y pérdida del valor de compra de los planes sociales de la economía informal.
La política exterior de Cambiemos sigue los grandes lineamientos de los EUA. En el plano regional consiste en debilitar al Mercosur para ir a la Alianza Pacifico, mientras en paralelo apoya activamente la destitución de Nicolás Maduro y de Evo Morales, cuestión importante para desandar el ALBA y otras experiencias de articulación institucional y política iberoamericana.
La resistencia política en la Argentina no se hizo esperar y en lo que va del año se movilizaron los trabajadores formales (CGT-CTA), los sectores medios kirchneristas y los representantes de la economía informal (CTEP, CCC, Barrios de Pie). Pese a que en los primeros meses se produjeron más movilizaciones y conflictos que en los últimos años, está claro que no implican un límite al programa neoliberal y tampoco son en sí mismo una alternativa política para el 2017 y el 2019.
Para resistir al programa neoliberal y a la embajada de los EUA hacen falta mayor unidad, organización y combatividad social. La creación de un triunvirato de la CGT y la implementación de un dialogo con la CTEP es un avance importante. Pese a ello, siguen existiendo divisiones sindicales entre el Triunvirato, el Movimiento de Acción Sindical, la Corriente Federal y las dos CTA. UATRE y las 62 organizaciones que integran el gobierno nacional de Cambiemos.
La unidad es un piso mínimo para cualquier política (unidad de acción), a la cual hay que sumarle un programa con objetivos compartidos (unidad de concepción). Este último aspecto está siendo enunciado tanto por la Corriente Federal que impulsa un Programa de “26 puntos”, como en el documento “De mal en peor” del 5 de agosto que fue redactado por el Triunvirato. Unidos y convencidos, hará falta mayor disposición a la lucha frente a un gobierno que destruye el trabajo argentino para beneficiar el extranjero y a la usura internacional.
Dentro del universo político los dirigentes peronistas que tienen responsabilidades de gestión, se encuentran frente al desafío de gobernar, de ser oposición al neoliberalismo y de reconstruir el peronismo. En algunos casos, hay funcionarios que están abocado a ser meramente gobierno y votan y acompañan todas las medidas de Cambiemos para obtener recursos. Pareciera que no importa que se ponga en juego la soberanía nacional y social del país. Otro grupo de dirigentes están dedicados a construir la oposición frontal al gobierno nacional. El tercer aspecto político fundamental de la etapa, tiene que ver con reconstruir el Movimiento Nacional. Actualmente, hay diversas divisiones y no existe una conducción política incuestionada como anteriormente ejercía Juan Perón.
Frente a la dimensión de los enemigos y adversarios, es fundamental que en las elecciones de 2017 los dirigentes políticos y sociales se unan para resistir a la aristocracia del dinero que todo lo destruye y corrompe. Hay que trabajar arduamente por consolidar una oposición al neoliberalismo y por la reconstruir el Movimiento. Aquellos dirigentes peronistas que solamente se preocupen por gobernar, formaran parte de un programa que conduce la Argentina de manera acelerada a otro 2001. Si el Movimiento nacional triunfa en 2017, el camino político es auspicioso para el 2019.
Habiendo recuperado el gobierno, las organizaciones libres del pueblo tendremos que optar por aplicar alguna de las cuatro posibilidades de solución a los problemas nacionales y regionales.
(*) Aritz Recalde es sociólogo, escritor y docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
