Por orden del juez César Melazo los habitantes del predio serán desalojados este jueves. El magistrado que es apuntado por sus intereses inmobiliarios, vinculados a la empresa Terramía S.A., la cual es adquisidora del terreno donde se encuentran los vecinos.
Unas 220 familias marcharon en La Plata hacia la Fiscalía de 7 y 56 para exigir que se frene con el desalojo que ordenó el juez César Melazo para el próximo jueves desde las 7. El predio de siete hectáreas se encuentra entre 161 y 526.
La semana pasada una orden de segunda instancia había revocado la orden de Melazo ante “la falta de claridad en la imputación de usurpación”. Sin embargo, el juez de Garantías Nº 2 avanzó con una nueva medida de desalojo que, según denuncian los vecinos, se efectuará este jueves.
La preocupación de los vecinos no sólo es habitacional, sino que además con el desalojo se pone en riesgo la vida de los 277 niños que se encuentran viviendo en el lugar, al igual que las embarazadas y las personas con discapacidad.
“Hace 3 meses venimos luchando por un pedacito de tierra para el futuro de nuestros hijos y hasta hoy no tenemos una respuesta concreta y tenemos que seguir luchando, movilizamos pacíficamente porque queremos una solución a esto”, dijo la pasada semana Delmira Meza.
Desde la Asamblea por la Tierra informaron que el Observatorio Social de la Cámara de Diputados bonaerense instó a conformar una “Mesa de Gestión”, como estipula la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y denunciaron que el juez Melazo busca beneficiar a intereses inmobiliarios, ya que el predio pertenece a Terramía S.A., una empresa constituida en 2013 con domicilio fiscal en un baldío de Avenida 520 N° 6002.
“Es una mafia inmobiliaria que compró la tierra a 600 mil pesos y después rezonificó amparada por el poder político y judicial. Eso les permitió que un terreno que era rural ahora valga millones de pesos más”, explicó Ramiro Berdesegar, integrante de la Asamblea.
Además, este miércoles Berdesegar sostuvo que “solicitamos que se cumpla lo que le ha presentado la Defensoría del Pueblo, la Subsecretaría de Tierras y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social, para que se aplique el decreto provincial 4217”, el cual frenaría el desalojo por un tiempo pautado, para que empiece actuar una mesa de gestión y busque una solución pacífica al problema.
