La Policía provincial con mayor índice de gatillo fácil recibe asesoramiento de una fuerza militarizada que mantiene las mismas prácticas siniestras y criminales de la dictadura pinochetista. Desde Chile advierten que su “modelo” no debería ser emulado en ningún lugar del mundo.
Por Fernando M. López (*)
Hace varios meses que el Gobierno de Miguel Lifschitz estrecha lazos con las autoridades de Carabineros. Luego de establecer contacto con el coronel Hernán Silva, agregado policial de la embajada chilena en Argentina, funcionarios de Seguridad de Santa Fe cruzaron la Cordillera para conocer de cerca cómo actúa la fuerza. Ahora, una delegación trasandina juega de visitante para “instruir” a los agentes provinciales.
Los Carabineros desembarcaron esta semana y se reunieron con los jefes de distintas áreas de la Unidad Regional II Rosario, los oficiales de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Patrulla de Acción Táctica (PAT), con la que recorrieron distintos barrios. Más tarde, se trasladaron a la ciudad de Santa Fe para exponer ante la Policía Comunitaria y evaluar las particularidades locales.
“Existen diversos informes de Derechos Humanos que dan cuenta de las graves situaciones de violencia policial que venimos sufriendo desde hace muchos años. Por eso creo que la Policía chilena no es la mejor capacitada para que su modelo se emule en otros países”, dijo a Contexto Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
El movimiento estudiantil trasandino, que continúa la lucha por el derecho a la educación pública y gratuita, es uno de los principales blancos de ataque de Carabineros, una fuerza militarizada que mantiene las mismas prácticas represivas utilizadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Sin ir más lejos, durante una serie de tomas de colegios secundarios realizadas en junio de este año, desalojaron el Liceo de Niñas de Concepción y detuvieron a varias alumnas. A una de ellas, Constanza Vargas, la encerraron en un calabozo, la obligaron a desnudarse y, tras golpearla brutalmente, le sacaron los piercing de la nariz con un alicate. Como consecuencia de las heridas, la joven debió ser trasladada a un hospital. Cuando le dieron el alta, los Carabineros volvieron a encerrarla tras las rejas.
No se trata de un caso aislado. Las torturas, detenciones y apremios ilegales son prácticas sistemáticas en Chile, a las que se suman numerosas muertes por gatillo fácil. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales remarca que, desde 1990 hasta 2004, la violencia policial fue en “creciente aumento”.
Y esta tendencia no se detuvo, según señalan los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que registran en los últimos años situaciones de abuso policial contra mujeres, adolescentes y niños, así como contra jóvenes, trabajadores y pueblos indígenas.
Por su parte, el Colegio Médico de Chile reveló días atrás un total de 101 casos de tortura por parte de Carabineros entre los años 2011 y 2016, aunque desde la entidad aclararon que son “una pequeña cantidad”, ya que el informe sólo registra aquellas víctimas que llegan a un centro de salud. Entre las prácticas más utilizadas, figuran el “submarino en seco” (asfixias con bolsas plásticas) y el “submarino húmedo”, que consiste en “poner líquido en la boca de una persona mientras está esposada”.
A pesar de todo esto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, intenta mostrar a Carabineros como un ejemplo para “la prevención y el combate del delito”, farsa que sostiene la propia delegación que visita la provincia.
“En Chile primero está la mamá y después los Carabineros”, señalaba el miércoles al diario La Capital de Rosario Silvana Marisio, jefa de Operaciones de Control de esa fuerza policial, para destacar “los índices de confianza y popularidad” de los que supuestamente gozan sus uniformados.
Sin embargo, la titular de FECH aseguró a Contexto que “las cifras de las encuestas muestran que Carabineros tiene cada año menor valoración de la población, no sólo por las acciones represivas y las torturas, sino también por frecuentes hechos de corrupción”.
Tan siniestra como la chilena
Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), “una vez más, el discurso del combate a la delincuencia y el narcotráfico sirve para legitimar la militarización de los barrios, acá, en Chile, o en cualquier parte”.
“La Policía de Santa Fe tiene el índice más alto de víctimas de gatillo fácil y muerte en comisarías y cárceles del país, en proporción a la cantidad de habitantes”, recordó a este diario María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, y consideró que, ahora con Carabineros, “el Gobierno de Lifschitz le proporciona a su fuerza un ‘master’ en represión”.
A lo largo de 2015, sólo en Rosario, hubo quince ejecuciones sumarias. Todas estas víctimas de la Policía santafesina vivían en barriadas populares y eran, en su gran mayoría, menores de veinticinco años.
En tanto, el Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, lnhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos contabilizó 130 víctimas de violencia institucional y 322 casos de tortura en la ciudad de Santa Fe y su Área Metropolitana durante ese mismo año, mientras que en Rosario los casos ascendieron a 274.
Al igual que con el gatillo fácil, casi todos los afectados fueron jóvenes vulnerables de barrios caracterizados por la “pobreza y la exclusión”, remarcó el Ministerio Público de la Defensa.
(*) Nota publicada en Diario Contexto.
