Por Fernando M. López / Los organismos de Derechos Humanos se encuentran en alerta ante la posibilidad de que la Cámara Federal de Casación Penal de La Plata conforme el Tribunal Oral Federal 1 para tratar el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
El miércoles pasado una multitud se manifestó frente a la sede judicial para manifestar un contundente rechazo a los intentos de restablecer la impunidad y, finalmente, la decisión quedó postergada al no designarse los jueces subrogantes que faltaban para cubrir las vacantes en el tribunal.
“Es todo un síntoma. La Cámara acusó recibo de un reclamo que fue masivo y representativo de una forma que pocas veces se había visto en la ciudad de La Plata”, reflexionó Guadalupe Godoy, abogada del colectivo Justicia Ya y querellante en la causa por la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave contra Etchecolatz.
Para la letrada, otorgarle la domiciliara a un mes de cumplirse 10 años de la desaparición de López significaría “darle lugar a la estrategia que los genocidas han planteado, aprovechando la nueva coyuntura política, que es el cese de los juicios”.
“Etchecolatz fue el primer imputado en llegar a juicio por delitos de lesa humanidad cuando se reabrieron las causas y el principal responsable de la desaparición de López. Y los jueces lo saben”, agregó.
Godoy afirmó que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, “hay una clara ofensiva sobre la política de juicio y castigo” a los responsables del terrorismo de Estado y “una clara deslegitimación a los organismos de Derechos Humanos”
“Esto se puede ver en lo que significó el intento de detención de Hebe de Bonafini, la relativización de la cifra de 30.000 desaparecidos, o que se vuelva a hablar de ‘guerra sucia’”, dijo en alusión a las repudiables definiciones del presidente durante una reciente entrevista con un medio internacional.
“Todo es parte de la misma ofensiva en donde el nivel discursivo no es menor –continuó Godoy-. Durante estos años, en los juicios, se dio una disputa sobre la lectura que quedará en la historia acerca de lo que significó la dictadura cívico-militar. Nosotros logramos desterrar lo que fue la visión de la teoría de los dos demonios, pero ahora nos encontramos ante un gobierno que va más allá, que comparte el discurso de los genocidas”.
Para la abogada no será fácil enfrentar este embate, pero dijo confiar en la capacidad de los organismos de Derechos Humanos de “generar nuevas estrategias” de lucha, algo que “hemos aprendimos de quienes hace 40 años vienen reclamando juicio y castigo”.
“Lo que sucedió el miércoles fue realmente una muestra de unidad y también de nuestra capacidad de entender dónde está el enemigo”, concluyó.
