A poco de cumplirse siete meses de la detención en Jujuy de la diputada del Parlasur y dirigente de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, distintos organismos de derechos humanos llevaron el reclamo de libertad ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Encabezaron la delegación Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida y Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Alicia Herbon, de la APDH; y Gabriela Alegre, de Buena Memoria, entre otros.
“El Comité por la Libertad de Milagro Sala, denuncia que el presidente Mauricio Macri y el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no garantizan los derechos humanos en nuestro país”, señala el documento entregado a Ban Ki-moon durante su recorrida por el Parque de la Memoria, en la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires.
Los organismos le solicitaron cooperación para lograr la libertad de los once militantes de la Tupac Amaru, entre ellos Sala y su esposo Raul Noro, al considerar que sus detenciones están viciadas de “ilegalidad e ilegitimidad”.
“En Jujuy es manifiesto que el Poder Judicial está controlado por el gobernador Gerardo Morales, el Superior Tribunal de Justicia provincial en su ampliada conformación desde que Morales asumió, los jueces y fiscales intervinientes en estas causas, responden a las órdenes del poder político”, destacaron María Elena Nadeo, Juliana Marino y Eduardo Tavani, integrantes del Comité.
En la presentación también se destaca la obra de Sala contra “la exclusión y la marginación a la que se venía sometiendo a los más humildes en su provincia”
“Milagro y su organización se le animaron a los poderosos, y lograron movilizar al pueblo jujeño para lograr el procesamiento de genocidas de la última dictadura cívico militar, como fue el caso de Pedro Blaquier, uno de los dueños de Jujuy, responsable de la persecución, represión, desaparición y muerte de decenas de trabajadores del Ingenio Ledesma, en la llamada Noche del Apagón”, sostuvieron Alejandro Garfagnini y Estela Díaz, también integrantes del Comité.
Desde la asunción de Morales como gobernador de Jujuy la criminalización de la protesta social ha ido en aumento en la misma medida en que se avanzó con el ajuste y los despidos masivos.
“La persecución política y judicial en la provincia de Jujuy debe ser denunciada en todos los foros, nacionales e internacionales, porque se trata de la negación del Estado de Derecho, de hostigamiento y acoso permanentes; de allanamientos brutales, que conllevan depredación, violencia y destrucción; de estrategias de extorsión para lograr la autoincriminación y la delación de los y las principales referentes de la Tupac Amaru”, subrayaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala.
