El abogado lomense Facundo Ferro se refirió a los avances judiciales que buscan frenar el tarifazo en los servicios del agua, gas y energía eléctrica, luego del segundo ruidazo nacional que más de 30 multisectoriales realizaron en distintos puntos del país, para reclamar en las calles contra los aumentos del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Ferro, quien lleva adelante diversos procesos judiciales individuales contra los aumentos, remarcó que “el aumento del gas está declarado nulo, el tarifazo eléctrico está suspendido en todo el territorio argentino y con el agua están empezando a salir los primeros amparos, por eso la importancia de estos casos de Banfield”.
El pasado miércoles la Justicia Federal ordenó la inmediata suspensión del tarifazo eléctrico a nivel nacional, a partir del Juzgado Federal N° 2 de San Martín a cargo de Martina Forns. En este sentido, el letrado recordó que ese fallo decretó que “los aumentos son irracionales, desorbitantes y que se abstraen de la realidad económica argentina”.
Algo similar ocurre con el aumento del gas, donde la Corte Suprema deberá expedirse para aprobar o no el nuevo cuadro tarifario impuesto. En tanto, las subas desmedidas aplicadas al servicio del agua ya empiezan a sumar medidas particulares, tal como ocurrió este jueves cuando el Juzgado de Familia N° 8 de Lomas de Zamora dio lugar a una medida cautelar.
En comunicación con AgePeBA, Ferro sostuvo que “los cuadros tarifarios son desorbitantes y de cumplimiento imposible; no es que la gente no quiere pagar, sino que la gente no puede pagar”, y es por ello que consideró “flagrante y manifiesta la violación a los derechos humanos” que realiza el gobierno de Mauricio Macri con los tarifazos.
A su vez, explicó que los aumentos de los tres servicios primordiales “no se brindó la audiencia pública previa” y adelantó que el gobierno “va a tener que rever y retomar todo a la situación anterior a los tarifazos porque los aumentos son insostenibles”.
Teniendo en cuenta que en Lomas de Zamora ya se registran dos fallos contra el aumento en el agua, no se descarta la posibilidad de una réplica de estos recursos judiciales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el país, lo que habilitaría a los usuarios a avanzar en una medida colectiva, tal como se dio con los servicios de gas y luz.
A diferencia de lo que intenta imponer el gabinete macrista, Ferro declaró que “la justicia no está avanzando como ellos dicen, lo que está haciendo es actuando en favor de la justicia con mayúscula. A todas luces, los aumentos son violatorios de los derechos humanos porque los servicios públicos en argentina son derechos humanos”.
“En consecuencia -continuó-, eso implica que no se pueden impedir ni restringir el acceso por parte de la población, y una manera de impedirlo o restringirlo es con un cuadro tarifario al que sólo pueden acceder el 10 por ciento de los argentinos; y tampoco se puede cortar el servicio en caso de no pago porque es básico y esencial para el desarrollo de la vida humana”.
“Se trata de adquirir más y mejores derechos, y no de perder los derechos básicos y esenciales que se habían ganado a lo largo de la historia argentina”, concluyó el abogado lomense.
