“En este momento, las facturas no están definidas hasta que esté la resolución judicial, pero esto va a haber que pagarlo, de hecho, ya muchos lo han pagado, antes que surgiera el amparo e incluso después del amparo. Si uno quiere, puede pagar ahora para no ir acumulando o pagar todo junto después”, dijo Marcos Peña, quien ahora quiere pasar de pibe estrella de la derecha ceócrata a matoncillo de cuarta categoría.
“La entrada en vigencia de la medida ya no depende del Gobierno, sino de la Cámara Federal de La Plata y en última instancia de la Corte Suprema, pero Marcos Peña dijo que quienes hasta ahora no hayan pagado luego deberán hacerlo con carácter retroactivo”, consignó este viernes Página 12.
Ayer, en tanto, esta agencia informaba que el abogado de Lomas de Zamora Facundo Ferro realizó la presentación penal en los tribunales de Comodoro Py, acompañado por varias multisectoriales de la provincia de Buenos Aires. “El ministro de Energía Aranguren se niega a dar marcha atrás con el tarifazo del gas y eso es un delito”, dijo el letrado a AgePeBA. Ahora la misma denuncia podría corresponderle al guapo de cotillón.
El abogado Ferro, que representa a miles de vecinos afectados por los aumentos en Lomas de Zamora, denunció penalmente a Aranguren en los tribunales de Comodoro Py por desobedecer el fallo de la Cámara Federal de La Plata que dispuso la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del gobierno y ordenó retrotraer la situación tarifaria al 31 de marzo en todo el país.
En el escrito, Ferro destacó “el pleno y total conocimiento por parte del ministro acerca del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata”, ya que Aranguren brindó una conferencia de prensa el 11 de julio sobre la medida judicial, anunció la apelación del gobierno y dispuso “mediante la Resolución 129/2016 el tope del 400% de aumento en la factura de gas”.
“Aranguren tiene que facturar no con un tope del 400%, sino con el cuadro tarifario que se encontraba vigente antes del 31 de marzo”, explicó el abogado y recordó que el “delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal, prevé penas de 15 días a un año de prisión”.
La denuncia también advierte que con el “disparatado, excesivo e infundado aumento tarifario del servicio de gas”, el ministro de Energía “compromete seriamente el derecho a la vida y a la salud” de la población en plena temporada invernal.
“La pésima planificación energética se ha cargado la muerte en los primeros meses del año y conforme el Instituto Forense de Córdoba de al menos 20 personas fallecidas por hipotermia e intoxicación por monóxido de carbono. El reconocido médico sanitarista de la misma provincia, Carlos Presman, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró en diversos medios que existe una relación directa entre los decesos y el tarifazo. De hecho, comparó la incidencia de estas muertes con las acontecidas por iguales causas entre 2010 y 2015, afirmando que totalizaron 5 en dicho período”, fundamentó Ferro.
Aranguren ya enfrenta denuncias en la justicia por la compra de gas a Chile con un sobreprecio del 128 por ciento, que benefició a la empresa de la que es accionista, y por presuntas incompatibilidades para decidir los aumentos tarifarios.
El tarifazo del gas fue anulado en todo el país por la Cámara Federal de La Plata el 7 de julio porque el gobierno no realizó la audiencia pública que prevé la ley para garantizar la participación ciudadana. La explicación oficial ante la Justicia fue que la audiencia ya se realizó el 6 de mayo de 2004, hace más de 12 años, y se lo justificó al decir que el tarifazo actual no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada por el gobierno de Néstor Kirchner que aún no concluyó. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que -entiende- no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”, sostuvo el Ministerio de Energía ante la Cámara Federal, aunque los magistrados rechazaron sin demasiado esfuerzo ese asombroso argumento y anularon la suba.
El gobierno presentó un recurso extraordinario para que el caso pase a la Corte Suprema y ahora está a la espera de que la Cámara lo conceda con efecto suspensivo sobre el fallo, lo que volvería a poner en vigencia el tarifazo. Igual la Corte ya tuvo una primera intervención en el tema tarifas luego de recibir varios planteos del Poder Ejecutivo en distintos expedientes abiertos en juzgados provinciales en los que se le pedía que asuma la competencia o actúe por “per saltum”. Fue en respuesta a esos pedidos, que el máximo tribunal le solicitó un detallado informe al gobierno sobre el tarifazo, el cual aún no fue respondido. La juez Elena Highton de Nolasco, aclaró el miércoles que si bien todavía corren los diez días hábiles de plazo “en los que no se cuenta la feria judicial”, el Ejecutivo podría haber presentado el informe ya que la magistrada se encuentra “de turno”. “El que está de feria parece que es el Poder Ejecutivo”, señaló ayer a este diario una fuente judicial. Como parte de esa consulta, la Corte le reclamó al gobierno que especifique si se tomaron en cuenta los principios de gradualidad y progresividad al momento de aplicar el tarifazo.
“No será fácil para el Ejecutivo argumentar que se llevó adelante una política gradual luego de que el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, reconociera que cerca del 25 por ciento de los usuarios recibió aumentos astronómicos, cercanos al 2000 por ciento, por un error en la implementación del ajuste. La intención oficial fue solucionar ese desaguisado, frenado en la Justicia, al anunciar la fijación de un techo del 400 por ciento de aumento para hogares y 500 por ciento para pymes, independientemente del nivel de consumo. Será materia de debate si se puede considerar gradual un aumento de 400 y 500 por ciento, pero va a ser muy complicado sostener que los techos respetan el principio de progresividad ya que no incentivan el ahorro de aquellos usuarios que incrementaron fuerte su consumo, aún con el tarifazo, y estaban pagando subas de hasta 2000 por ciento. Esos hogares, en su mayoría de poder adquisitivo alto, ahora saben que aunque dejen la calefacción central prendida todo el día no pagarán más 400 por ciento de incremento, casi la misma suba que deberá pagar quien mantenga su consumo estable respecto del mismo período del año pasado”, sostuvo Página 12.
