Con penas de entre 8 y 25 años de prisión, el Tribunal Oral Federal 1 de Capital Federal dio a conocer la primera sentencia de América Latina por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor de exterminio de opositores a las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
La mayoría de los genocidas acusados en este juicio, iniciado en 2013, fueron condenados por “asociación ilícita”, privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad.
El ex jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y el ex agente de la SIDE, Miguel Angel Furci, recibieron penas de 25 años de prisión, mientras que el último dictador y entonces jefe de Institutos Militares, Reynado Bignone, fue sentenciado 20 años.
En tanto, el represor uruguayo Manuel Cordero Piacentini recibió la misma pena que Riveros y Furci por su papel en el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”, epicentro de la persecución a uruguayos en la Argentina.
De los 32 imputados iniciales, sólo 17 llegaron como acusados a la sentencia, dos de los cuales fueron absueltos. Los restantes fueron apartados por razones de salud o murieron sin llegar a conocer el veredicto de los jueces, como en el caso del dictador Jorge Rafael Videla.
Además de Bignone, Riveros, Furci y Cordero Piacentini, el Tribunal condenó a 20 años al ex director de la Escuela de Caballería, Rodolfo Feroglio, y a 18 años al ex jefe del Regimiento Patricios, Humberto Lobaiza.
También sentenció a 13 años de prisión al general retirado Eugenio Guañabens Perelló y al almirante retirado Antonio Vañek, entonces jefe de la ESMA; a 12 años, a los oficiales retirados Luis Sadi Pepa, Nestor Horacio Falcon, Eduardo Samuel, Felipe Jorge Alespeit, mientras que aplicó ocho años al general retirado Federico Antonio Minicucci, ex jefe del área militar 112.
Los absueltos fueron Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez, quienes cesaron en la prisión domiciliaria.
El Tribunal anunció además que el 9 de agosto próximo divulgará los fundamentos de la sentencia histórica por la asociación ilícita que constituyó el Plan Cóndor articulado por las dictaduras del Cono Sur.
Este juicio consideró los delitos perpetrados contra 174 víctimas, de las cuales 65 corresponden a la causa Automotores Orletti, 107 a la Operación Cóndor y dos a ambas causas. De estas últimas 109 víctimas, 16 son argentinas, 9 bolivianas, 22 chilenas, 13 paraguayas, una peruana y 48 uruguayas. Otros 380 hechos están aún en la etapa investigativa y deberán ir a juicio en el futuro.
