«Ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña», señaló la canciller Susana Malcorra a través de un comunicado difundido esta mañana.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que la Argentina «respeta el proceso institucional de Brasil y que el gobierno del PRO está dispuesto a trabajar con las nuevas autoridades del país vecino”.
De esta forma, se pone en evidencia la posición de aval del presidente Mauricio Macri al golpe institucional contra Dilma Rousseff, que finalmente se concretó esta madrugada cuando el Senado de ese país aprobó la ejecución del juicio político contra la Mandataria, lo que la obliga a separarse de su cargo por un período de 180 días.
A partir de ahora, queda a cargo del país el vicepresidente Michel Temer, uno de los impulsores, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del juicio político. Durante este tiempo, las autoridades brasileñas deberán de encontrar las pruebas por el “escándalo Petrobras” que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello fue aprobado el juicio político, un hecho que es considerado por analistas como un golpe de Estado a una mandataria electa a través del voto popular por más de 50 millones de personas.
Por su parte, Dilma, expresó que lo que está en juego en Brasil no es solo su mandato sino el respeto a las urnas y a la voluntad soberana de los 54 millones de personas que la eligieron.
También las conquistas de los últimos 13 años, los beneficios para las personas más pobres y de clase media, la valorización del salario mínimo, los médicos que atienden a la población y la realización de una casa propia.
Más temprano la mandataria brasileña manifestó en su perfil de Facebook que «es golpe» la decisión tomada este jueves por el Senado de abrir el juicio político en su contra.
