En el marco del Día Nacional Contra la Violencia Institucional, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social fue sede de una jornada de discusión organizada por la Dirección de violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de esta unidad académica. Las actividades que se desarrollaron comenzaron el martes desde las 14 y se extendieron hasta las 19 que se llevó a cabo el cierre con la presencia del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias; el abogado y profesor de la UNLP, Pablo Cabral; el abogado Aníbal Hnatiuk; y el Secretario de Derechos Humanos de esta casa de estudios, Jorge Jaunarena.
Luis Arias sostuvo que, si bien el no actúa en el marco del derecho penal, “pude ver en varias ocasiones esta práctica que afecta sobre todo a los jóvenes pobres”, y realizó un análisis sobre la connivencia judicial en los casos de violencia institucional. “Yo creo que hay un problema estructural en la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Bonaerense, sobre todo a partir del copamiento de las áreas de investigación”, dijo.
En este sentido, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata explicó que hasta el año 1998 la función de los jueces era la de investigar y juzgar, pero como “no les gusta ensuciarse las manos, le delegaban la tarea de investigar a la policía”. A partir de ese año, el sistema judicial cambia y la tarea investigativa pasa a formar parte de las competencias de los fiscales, aunque “empezaron a hacer lo mismo que los jueces y dejaron la tarea en manos de la policía”.
“La policía está para prevenir el delito, no para investigar; es gracias a esto que se ha convertido en una gran gerenciadora del delito”, afirmó Arias, y criticó la no aplicación del régimen de Policía Judicial que se implementó para evitar que las fuerzas de seguridad intervengan en las investigaciones: “Se está implementando pero son los mismo policías de seguridad los que se presentan a los concursos de la policía judicial”.
También consideró que las prácticas abusivas de las instituciones del Estado se producen impunemente gracias a la connivencia judicial, y ejemplificó: “En La Plata tenemos 15 fiscalías, todas las causas penales contra la policía van a parar a dedo a la fiscalía Nº8 a cargo de Paolini; en 12 años de juez, todas las denuncias por violencia institucional que hicimos nosotros nunca prosperaron”. Además, dijo que el poder que gozan las fuerzas de seguridad es tal que “hasta se permiten desoír y enfrentar decisiones judiciales, como a mí me ha pasado”.
“Estamos en un serio problema: la policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario, con la complicidad judicial y política, mantienen un orden. Yo siempre digo en el peor de los sentidos, que la provincia está en orden: el orden impuesto por la fuerza”, concluyó el juez Arias.
