Continúa en el Concejo Deliberante de La Plata el análisis del protocolo represivo presentado por el bloque de Cambiemos, versión local de la herramienta que aplica la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para criminalizar la protesta social.
La comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos recibió hoy a Verónica Cruz, prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, y a Guadalupe Godoy, abogada del equipo de DD.HH., que expresaron la posición de la casa de estudios en relación al proyecto de ordenanza que impulsan los ediles del intendente Julio Garro.
Desde el bloque del Frente para la Victoria “Nacional y Popular”, Florencia Saintout comentó al salir de la reunión que “nos manifestaron su profunda preocupación sobre la mirada de los conflictos sociales y los derechos humanos que se desprende de la letra del proyecto. Es importante aclarar que la Universidad ya había presentado un documento en el Concejo Deliberante, expresando la posición crítica que hoy reconfirmaron en la comisión”.
“Coincidimos en que la conflictividad social no se resuelve con represión, sino con más políticas públicas. Así como también en que el Estado tiene que promover canales de diálogo con la sociedad y garantizar los derechos”, agregó la concejala y decana de la Facultad de Periodismo.
Las representantes de la UNLP subrayaron, además, que “la ordenanza pretende regular sobre cuestiones en las que el municipio no tiene competencia porque son materia de definiciones del Estado Nacional y Provincial”.
Desde distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos vienen advirtiendo que el proyecto de Garro “es ilegal desde todo punto de vista”.
El protocolo viola, al menos, cuatro derechos constitucionales: el de reunión, manifestación, petición a las autoridades y hasta el de libertad de expresión e información.
