Con consignas como “La protesta es un derecho” y “NO a la represión y a la censura”, una gran cantidad de organizaciones platenses saldrán a la calle contra el protocolo “antipiquetes” del intendente Julio Garro, versión local del engendro represivo aplicado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La convocatoria está prevista para este miércoles a las 10 frente al Palacio Municipal de La Plata, donde la Mesa por los Derechos Humanos realizará una “sesión abierta” para denunciar las contradicciones e irregularidades en las que incurre la medida.
Un foro de ediles del Frente para la Victoria “Nacional y Popular” –Florencia Saintout, Guillermo Cara y Gastón Castagneto- abogados, juristas y dirigentes consideraron la semana pasada que el proyecto de ordenanza impulsado por el macrista Fernando Ponce, titular del Concejo Deliberante, “es ilegal desde todo punto de vista”.
“No sólo pretende adjudicarse facultades que no le corresponden a la jurisdicción municipal, sino que además la protesta social ya está establecida por la figura de usos y costumbres como un hecho que no puede ser perseguido o criminalizado. Si se aplica este protocolo y se criminaliza la protesta, estaríamos retrocediendo quince o veinte años”, señalaron los expertos.
Además de atentar contra el derecho constitucional a la protesta, el protocolo represivo de Garro limita la labor de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, violando el derecho a la información.
La propuesta ya fue rechazada por el Sindicato de Prensa de la provincia de Buenos Aires y el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata-Berisso-Ensenada.
“A través del artículo 12 de este Protocolo, se pretende meternos a quienes trabajamos en los medios de comunicación en un corralito que restrinja nuestra actividad periodística, cercenando la libertad de prensa y el derecho ciudadano a informar y ser informado”, señalaron desde el Colectivo al sumarse a la convocatoria de este miércoles y agregaron que “la iniciativa deja abierta la puerta para que las fuerzas de seguridad hagan ‘inteligencia’ sobre quienes desarrollen protestas o manifestaciones, siendo esto también abiertamente inconstitucional”.
“Pero ese no es el principal problema: el protocolo directamente tipifica la protesta como un delito, y esto nos afecta doblemente porque también se restringen nuestros derechos a tomar medidas de fuerza ante despidos u otros atropellos tanto de las empresas periodísticas como del propio Estado, justamente en un momento en que estamos siendo afectados por cesantías en distintos medios de comunicación y en oficinas de prensa gubernamentales”, subrayaron los trabajadores de prensa.
