Los trabajadores despedidos de la aceitera Ricedal Alimentos, en Chabás, provincia de Santa Fe, que se encuentran llevando adelante una lucha contra 28 despidos, denuncian un intento patronal de quebrar la huelga. Según los operarios, que se encuentran acampando frente a la fábrica, se hicieron presentes en la planta efectivos de la policía acompañados de camiones, con el objetivo de sacar la mercadería, a pesar de que la patronal se negó a acatar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo y aún adeuda meses de sueldo.
Según relataba el delegado Pablo Lucero: «En estos momentos estamos haciendo una protesta pacifica frente a la planta, porque la empresa no acató la conciliación obligatoria y nosotros no cobramos el sueldo, ni la indemnización, ni nada».
De acuerdo al relato de Lucero, hoy se presentó frente a la planta una fiscal con una orden de descarga de camiones de harina y pellets de soja, acompañada de efectivos policiales. Así, la empresa puede garantizarse el valor de la mercadería, mientras se niega a pagar sueldos adeudados.
Por el momento, los 28 trabajadores despedidos permanecen en la puerta de la fábrica junto a delegaciones de trabajadores aceiteros de distinta localidades la provincia que acercaron su solidaridad, así como representantes de ATE. Diputados provinciales como Carlos del Frade hicieron llegar también su apoyo.
A su vez, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina, redacto un comunicado donde alerta «ante el intento de reprimir la huelga para hacer entrar los camiones de la patronal que ni siquiera les pago el mes adeudado a los trabajadores». Denuncian también «la presencia de efectivos de grupos especiales de la Policía Provincial de Santa Fe apostados en Casilda».
La amenaza de represión a los obreros aceiteros de Chabás se da en el marco de una oleada de despidos en la región y el país, como son los casos de la química Arzinc y la planta de electrodomésticos Bambi, y de una política nacional represiva con el llamado «protocolo antipiquetes», con el claro objetivo de amedrentar a los trabajadores que quieran luchar por sus puestos de trabajo.
