La estrecha relación entre el gobierno de Mauricio Macri y el Juzgado Federal de Ariel Lijo demuestra que la causa contra los ex directivos de la agencia Télam, Juan Dasso Freysz, Pablo Taricco y María Inés Lopisi, es una clara persecución política.
El miércoles pasado, horas antes de que Gendarmería allanara los domicilios de los ex directivos de Télam, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, enviaba el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo para que lo designen como fiscal federal en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Arzubi Calvo, secretario del juez Lijo, estuvo al frente de los operativos en donde se amenazó a los ex trabajadores con llevárselos detenidos a pesar de no contar con órdenes de arresto.
Los allanamientos también fueron repudiados por organizaciones políticas y de derechos humanos por su flagrante irregularidad, ya que se realizaron en horario nocturno sin que se justificara “extrema gravedad” o “peligros de orden público”, como establece el Código Procesal Penal en su artículo 225.
Las actuales autoridades de Télam acusan a Dasso Freysz, Taricco y Lopisi de haber sustraído material sensible de la agencia, pero en los allanamientos Arzubi Calvo sólo pudo secuestrar dos agendas vacías, borradores con anotaciones particulares y material de La Cámpora, organización en la que militan los acusados.
