Los familiares de detenidos y detenidas nucleados en ACiFaD difundieron una carta abierta al Ejecutivo provincial expresando su preocupación por la situación penitenciaria y solicitando que los reciba.
A continuación, la carta:
Somos familiares víctimas de la violencia institucional, penitenciaria, policial y judicial. Somos madres, padres, hermanos, hermanas, esposas, parejas, abuelas, abuelos, hijos, hijas de personas privadas de su libertad y de jóvenes asesinados por las fuerzas policiales. Todos víctimas de la tortura.
Hemos padecido y padecemos junto con nuestros familiares la violencia sistemática del Servicio Penitenciario, de las fuerzas policiales y de la Justicia.
La gran mayoría de nosotros además no tenemos dinero para abogados, porque somos de familias trabajadoras, sin grandes recursos. En gran medida esa la razón por la que nuestros familiares están presos o fueron asesinados por la policía o en un penal.
Porque la ley no es igual para todos, y tampoco la violencia represiva del Estado que la sufren, sobre todo, los pobres. Y cada vez que se detiene a una persona, se profundiza la pobreza de su grupo familiar ya que tenemos que asumir los costos de largos traslados y la provisión de mercaderías, medicamentos y vestimenta que no es suministrada; las políticas de encierro refuerzan la pobreza.
En las cárceles no están los grandes delincuentes, ni los ladrones de guante blanco, ni los corruptos, ni los narcotraficantes. Muchos de nuestros familiares no tienen condena, o han sido ajusticiados sin proceso por las balas o las golpizas de los agentes de seguridad. Muchos de ellos tienen causas armadas por la propia policía.
Nosotros sabemos de políticas de seguridad y penitenciaria como nadie. Las vivimos en carne propia, las sufrimos todos los días. Conocemos las cárceles por dentro, la violencia la padecemos nosotros mismos, en cada visita, en las requisas vejatorias, en las interminables colas de espera, en los traslados constantes que nos separan de nuestros seres queridos, en el conocimiento profundo de lo que se sufre intramuros: la tortura permanente, el hambre, el frío, el hacinamiento, la desatención médica. Si nuestros familiares son culpables de delitos la pena es su privación de libertad, no el sufrimiento permanente infringido de manera consciente e intencional por los agentes penitenciarios.
También conocemos a la policía en el territorio, en el barrio: su corrupción estructural, la violencia cotidiana, los allanamientos violentos e ilegales, el hostigamiento y el “apriete” constante.
Esto pasa desde hace mucho tiempo, y la situación se viene agravando cada vez más con las políticas llevadas adelante por los últimos gobiernos provinciales.
Por eso nos preocupa que Ud. siga proponiendo las mismas recetas que a nosotros sólo nos han generado más sufrimiento y no han mejorado la seguridad de nadie. Por eso nos preocupa que haya designado a Fernando Diaz al frente del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya lo conocemos, sobre todo los que somos familiares de la Masacre de Magdalena, ocurrida en el año 2005 y que continúa impune.
Las emergencias no han servido más que para agravar las violaciones a los derechos humanos porque le han dado más poder a los que los vulneran sistemáticamente: los agentes penitenciarios y policiales.
Lo que le pedimos es que encare reformas de fondo, que no siga con más de lo mismo, que intervenga para cesar la tortura y romper con la impunidad y la corrupción. No es posible que exista la tortura en democracia, no es posible que miles de personas no tengan acceso a un proceso justo, no es posible que el Estado nos trate como inhumanos. Todos tenemos derechos, esa es la base de la democracia.
Lo que le pedimos es que garantice la integridad física y psíquica de nuestros familiares detenidos. Ellos están bajo la custodia del Estado y están en riesgo de vida permanente, por su salud, por la violencia como forma de gobierno penitenciario. Ellos son los más débiles del sistema, porque cuando la interna del SPB estalla, ellos son los que la padecen.
Lo que pedimos para los que logran salir vivos de este infierno al final de la condena es que el estado nos acompañe con propuestas de inclusión social. Es necesario intervenir de manera inmediata el Patronato de Liberados y diseñar un política pública efectiva.
Lo que le pedimos es que garantice la vida de nuestros hijos, que se termine el “gatillo fácil” y la violencia policial, las causas armadas, el reclutamiento para el delito.
Y lo que finalmente le pedimos que nos reciba y nos atienda para que podamos expresarles nuestro punto de vista y conozca, de nuestra propia voz, lo que tenemos para decirle y denunciar. Porque cuando este tema deje de ser tapa de los diarios, y a pocos les importe, y nuestros seres queridos continuarán en esta situación. Sepa que nosotros somos los primeros interesados en que las generaciones futuras no repitan esta historia.
Fuente: Andar Agencia
