La Sala I de la Cámara Federal apartó a Eduardo Freiler de la causa que investiga la transferencia ilegal de Papel Prensa durante la dictadura. Freiler fue el único camarista que se pronunció a favor de revisar el llamado a indagatoria de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en el mes de julio, cuando los otros dos integrantes de la Cámara votaron en contra. Los abogados de La Nación y Clarín pidieron su apartamiento de la causa en noviembre por prejuzgamiento y, luego de la presentación de una nueva denuncia, incluyeron la figura de “enemistad manifiesta”. Después de dos audiencias realizadas la semana pasada, la Sala I acaba de hacer lugar al planteo de los abogados de los empresarios con los votos a favor de Eduardo Farah y Martín Irurzun y la oposición de Jorge Ballestero. La movida para aparar al magistrado es comparada al forum shopping. Las querellas estudian impulsar una queja ante la Cámara de Casación.
“Para mí todo esto es un verdadero disparate”, dice a Página/12 Héctor Rodríguez, apoderado de Lidia Papaleo. “Elegir a los jueces que en algún momento del proceso van terminar interviniendo en la causa es un verdadero forum shopping. A Freiler le armaron una maniobra a partir de un voto que dictó y que no les gustó. A partir de eso armaron un escándalo”.
Este tramo de la causa comenzó en marzo, cuando el juez federal Julián Ercolini emitió un dictamen que rechazó el llamado a indagatoria de Magnetto, Mitre y Ernestina Herrera de Noble en el contexto de una causa que investiga como delito de lesa humanidad la trasferencia de Papel Prensa al grupo integrado por Clarín, La Nación y La Razón. En aquel momento, Ercolini entendió que las indagatorias no podían hacerse porque había medidas de prueba pendientes, entre ellas, la tasación histórica y contable para entender si la venta se hizo a precio vil o a su valor real. Esa decisión fue apelada por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. En julio de este año, la Sala I de la Cámara Federal le dio la razón al juez, por mayoría. El único voto en disidencia fue el Freiler.
Ese voto es el que ahora está en discusión. Freiler consideró viable que el juez vuelva a estudiar el pedido de indagatorias porque entendió que lo importante no eran las pericias contables pendientes o saber si el precio que se pagó fue un precio vil o un precio real. Entendió que tal como lo había sostenido esa misma Cámara años antes, había delito de lesa humanidad, hechos gravísimos, secuestros y tormentos y que no se analizaba el precio, sino el hecho de quitar un bien a sus propietarios para transferirlos a otro.
Al amparo de ese voto, una de las querellas presentó una queja para recurrir la decisión de la Cámara ante Casación. Pero los abogados de Clarín y La Nación tallaron en ese momento para pedir el primer apartamiento de Freiler por prejuzgamiento al entender que se había extralimitado en el objeto de análisis.
El 30 de agosto, La Nación publicó una denuncia contra Freiler por la compra de un caserón en Olivos. Allí, al ser consultado, el camarista dijo estar acostumbrado a las persecuciones de “este grupo” contra él. Tal como recuerda el escrito en análisis, esa respuesta fundó una segunda denuncia por enemistad manifiesta.
Así, la Sala I volvió a integrarse para evaluar la denuncia. En lugar de Freiler, entró Irurzun. Y decidió abrir el pedido a “prueba”. Es decir, llamaron a los testigos a declarar. La semana pasada se hicieron dos audiencias. Declararon los periodistas del diario La Nación. Freiler hizo un descargo o, por lo menos, lo intentó. El martes la Cámara resolvió apartarlo.
“Entendemos que el temor a imparcialidad en los recurrentes se halla suficientemente acreditado y conduce a que el apartamiento tenga favorable acogida”, dijeron en su voto Farah e Irurzun.
Ballesteros hizo en cambio un planteo en disidencia. Por un lado, derribó la teoría de la supuesta imparcialidad. Para eso, tomó parte de la intervención de Rodríguez en la audiencia. Dijo que no había audio de la conversación con los periodistas como para entender la charla y desprender de allí indicios de la supuesta imparcialidad. Freiler siempre admitió la charla con los periodistas en su alegato. Pero también habló de ese contexto. “Las expresiones de los periodistas dijo Ballestero en esa línea no resultan suficientes para tener configurado el supuesto de enemistad.” Por otro lado, desechó la teoría del prejuzgamiento. “He de señalar dijo que no advierto de la lectura del pronunciamiento de julio ningún supuesto de prejuzgamiento que diese motivos a la recusación. Ninguna de las consideraciones vertidas por Freiler en su voto resultan extrañas al punto sometido en análisis del tribunal en la medida en que lo que se discutía era la existencia o no de motivos de sospecha respecto de la comisión por parte de los imputados de los delitos que le atribuían los acusadores. En efecto, la intervención enmarcada en el ejercicio legítimo de su función constituyó estrictamente la manifestación de su postura sobre el tema debatido en el momento procesal adecuado.”
Con ese antecedente, las querellas analizan ahora la posibilidad de apelar la decisión ante la Casación vía el criterio de sostener al juez natural de la causa. Freiler no puede apelar. Sin él, ahora la Sala I debe reintegrarse para aceptar esa apelación. O volver al punto demorado: si acepta o no la queja en Casación para discutir la resolución de julio que impidió el llamado a indagatoria de los imputados.
La causa de Papel Prensa siempre fue remanida. Este escenario muestra eso. En otras causas de lesa humanidad la presentación de obstáculos continuos para bloquear el avance de la investigación de parte de los abogados se lee como un mecanismo para dilatarlas. El problema extra de este caso es que del otro lado no están los defensores de los militares cuyo poder de fuego está desactivado, sino el superpoderoso holding mediático.
