Por Lucía Pires / La directora general de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Sandra Raggio, criticó en conversaciones con esta agencia la declaración de emergencia en seguridad del presidente Mauricio Macri a nivel nacional, al considerarla una medida desacertada para combatir una problemática tan compleja como la inseguridad.
“Las políticas de seguridad ligadas al aumento del punitivismo tienen que ver con el sentido común que reproducen los medios y que impregnan las políticas públicas, al sostener que la forma de combatir el delito es endureciendo las penas, y que el sistema penal capte a la mayor cantidad de personas posibles”, desarrolló.
“Cuando esto pasa, se persigue a la parte más débil de la cadena, no se combate al crimen organizado, a los que producen el delito –agregó –. Tampoco se ha avanzado en una reforma estructural y profunda de las fuerzas de seguridad, tendientes a su democratización y profesionalización, siempre en el marco de los Derechos Humanos”.
En correlato con el decreto del Presidente, la gobernadora María Eugenia Vidal envío al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en territorio todo bonaerense, medida también cuestionada por la Comisión por la Memoria.
Al respecto, cabe destacar que el organismo insiste hace tiempo con la reglamentación de la Policía Judicial, una fuerza especializada pensada en el marco de la necesidad de contar con investigadores que no caigan en las redes de complicidad delictiva de la Bonaerense. “Esas son las líneas que debiera tomar el nuevo gobierno si quisiera modificar la política de seguridad”, aseveró Raggio.
Asimismo, sostuvo que el aumento del punitivismo trae como consecuencia el exceso de población carcelaria: “El índice en la Provincia es uno de los más altos del país. Se persigue es a los jóvenes pobres: hay más chicos presos, adolescentes, provenientes de los sectores populares de la sociedad, con el agravamiento que eso implica. Las condiciones del sistema penal son infrahumanas, y a mayor cantidad de gente, es peor”.
Por último, cuestionó la emergencia en seguridad en tanto posibilidad para el Ejecutivo de disponer del presupuesto discrecionalmente. “Esta medida implica la transferencia de fondos de políticas sociales hacia políticas represivas. Esa no es una solución, sino que agrava los niveles de violencia. La represión no resuelve las cuestiones de delito ni de seguridad”, concluyó.
