«Estamos ante la sensación de un estado mafioso con la articulación de una parte del poder judicial en favor de los intereses económicos concentrados, y una parte de la política que responde a esos intereses», manifestó en declaraciones a radio Nacional.
«Ante una causa que no conocíamos porque no nos la dejaron ver, basada en una denuncia del grupo Clarín contra los directores de la AFSCA viene Bonadio, manda a retirar el expediente del Grupo Clarín, directamente, lo que es burdo», relató.
En la misma línea contó que «ayer vino Miguel de Godoy, con quien tuvimos una reunión muy cordial, y ellos nos plantearon que querían asumir el 10 diciembre próximo. Entonces yo les leí el artículo 14, que dice con claridad que los mandatos están desacoplados de los mandatos presidenciales y que no admite otras interpretaciones por lo cual, si quieren asumir, tendrán que esperar al 10 de diciembre del 2017, y en todo caso si Macri nombra a Godoy tendría que convivir con los actuales directivos».
«Expliqué que nosotros vamos a cumplir la ley y que no iba a renunciar porque nos parecería violentar las instituciones. Ahora, con esto, la sensación que tenemos es que como no funcionó Godoy ayer, hoy Macri manda a Bonadio. Por eso digo que estamos ante un Estado mafioso articulado», afirmó.
El titular de la AFSCA agregó que «para los que nos preocupa verdaderamente la democracia esto asusta, es peligroso, se quiere violentar una ley para favorecer a los intereses corporativos de un grupo cuya posición dominante la usa para lesionar la libertad de expresión, la pluralidad y lo hacen con una parte del poder judicial».
«Antes de asumir quieren violar la ley y si vos no aceptás te mandan otro capítulo de su misma estrategia, que es la pata del poder judicial, que funciona para eso con esta suerte de estado mafioso que se está construyendo», finalizó Sabbatella.
Esta mañana, por orden del Magistrado, se irrumpió en la AFSCA para exigir el expediente del grupo hegemónico. Desde el twitter de la Casa Rosada denunciaron que con ese accionar se viola el derecho de defensa y debido proceso garantizados por la Constitución.
