Durante la campaña electoral, el economista que Mauricio Macri designó para el Banco Central, Carlos Melconian, había admitido que se eliminarían los subsidios a los servicios públicos y estimó subas de hasta 500 por ciento en las tarifas.
Este viernes, el ex CEO de Shell Argentina y ministro de Energía del próximo gobierno, Juan José Aranguren, preparó el terreno para aumentos más fuertes –de hasta 700%- en el sector de distribución eléctrica del Área Metropolitana, que comprende Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con una población que supera los 13 millones de habitantes.
Aranguren consideró que hay “una discriminación, en un país que se dice federal”, ya que el cuadro tarifario en la zona metropolitana “es siete veces más bajo que lo que puede ser en las provincias de Río Negro, La Pampa o Córdoba”.
Para el hombre de la Shell que llegará a la gestión pública, “las distorsiones van en contra de un desarrollo sustentable de nuestra economía” y explicó que “el mandato que he recibido de Mauricio Macri es poder contribuir en la resolución de estos problemas”.
De lo que no habló Aranguren fue del impacto inflacionario que tendrá este tarifazo eléctrico en una zona que concentra la tercera parte de la población del país, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
“En 2015, sin contar las partidas para inversión en centrales eléctricas, que alguna prensa confunde con subsidios, las transferencias energéticas sumaron cerca de 150.000 millones de pesos, un importe que en la práctica se ahorran los consumidores. Si bien el 60 por ciento de esta cifra se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires ello se debe a que la demanda eléctrica es más fuerte en el área geográfica de mayor desarrollo relativo y concentración de la población. Sus efectos económicos son dobles. Para las empresas, la energía barata mejora la ecuación de costos, y por lo tanto la competitividad, y para las familias liberan recursos que, generalmente, retroalimentan el consumo. Si el carácter universal de estos subsidios provoca alguna injusticia distributiva al llegar marginalmente a sectores que no los necesitan, debe ser corregido, pero sus efectos macroeconómicos combinados son evidentes”, explicaba el diario Página/12 en una nota del 9 de noviembre pasado.
Economistas de la ortodoxia neoliberal, como los de FIEL, reconocen que eliminar los subsidios a los servicios públicos sumaría entre 4 y 11 puntos porcentuales a la tasa de inflación. Y a esto habría que sumarle la megadevaluación que prepara el futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, con el alza del dólar, que la pagarán todos los argentinos.
Como el país no se autoabastece de energía -es decir, parte de ella hay que importarla y pagarla en dólares-, no es de extrañar que con las medidas de los funcionarios de Macri los precios de los servicios públicos sigan subiendo más allá de los primeros tarifazos que anunciaron Melconian y Aranguren.
