Según informó el blog Policiales Ahora, La Fuente fue apresado este viernes por efectivos de la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior de la fuerza en el complejo de cabañas «Solar de Mahuida», ubicado en localidad neuquina de Bahía Radal, Villa Pehuenia, Aluminé, por donde el ex militar de 65 años se trasaldaba.
La detención fue solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, por ante la Secretaría Penal número 4, de María Farina, en el marco de causas caratuladas «C/Castro Ángel y otros s/privación ilegal de la libertad personal».
Ante las investigaciones realizadas y la comprobación de que La Fuente se encontraba en Neuquén se puso en conocimiento al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Zapala, a cargo de María Silvina Domínguez, por ante la Secretaría Penal a cargo del doctor Walter, quien dispuso la detención y el posterior alojamiento del ex militar en la Delegación Zapala de la Policía Federal para su posterior remisión al Juzgado requirente por parte del Servicio Penitenciario Federal.
El juez Rago Gallo de San Juan investiga la responsabilidad penal que tuvieron 12 ex militares que actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas la mayoría de las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, informó en su momento el diario de Cuyo. En ese sentido, se trataba de nueve ex oficiales del Ejército y tres ex gendarmes.
Según explicó el fiscal Mateo Bermejo, cuando se blanqueaba a un detenido, es decir que se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el ya fallecido coronel Juan Baustista Menvielle, jefe del RIM 22, ordenaba que se hiciera un sumario militar que, al igual que en un sumario policial, registraba las primeras investigaciones logradas sobre la persona.
«Esos sumarios estaban a cargo generalmente de un oficial o suboficial del Ejército y lo que ocurría es que estas personas que instruían las causas lo hacían al lado de las víctimas, que estaban encapuchadas y muchas veces lastimadas, porque habían sido torturadas. Por eso es que formalmente suponemos que estas personas tuvieron responsabilidad penal», explicó el funcionario judicial.
