Thomas Griesa accedió al pedido de los fondos buitre de sumar otras 49 demandas al caso que llevan adelante contra Argentina en los tribunales estadounidenses, presentadas por los denominados bonistas “me too”.
Con la decisión anunciada hoy, Griesa aceptó el pedido de incluir 6.150 millones de dólares a la causa pari passu que, sumado al fallo de 2012 a favor de los demandantes liderados por el fondo buitre NML, alcanza la cifra total de 8.000 millones de dólares.
Para el magistrado, la “reparación” habilitada a los tenedores de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda y que ahora demandan al país, “no perjudicaría injustamente a las terceras partes”, según sostiene un documento de 26 páginas dado a conocer hoy por la corte neoyorquina.
Según Griesa, “cumplir con la orden judicial no es imposible” y tampoco “afecta a los derechos contractuales” del 92.4% de bonistas que decidieron ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, de seguir cobrando por parte de Argentina.
El miércoles pasado, en una audiencia convocada por el magistrado para tratar el tema, los abogados de Argentina -del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton- solicitaron a la corte distrital rechazar los requerimientos “sin mérito” de los fondos buitre para evitar “empeorar más la situación”.
Para los letrados argentinos, contrariamente a lo que plantea Griesa, cumplir con su decisión es «imposible» y sí perjudicará a terceras partes, y afirmaron que las reservas del Banco Central “son vitales para mantener el funcionamiento saludable de la economía de la República”. Bajo ese escenario, sus órdenes “someterían al país en un grado inaceptable de riesgo”.
El miércoles Griesa convocó a una audiencia para escuchar los argumentos de los bonistas “me too”, luego de haber habilitado días antes a otras 15 demandas que buscaban el mismo tratamiento que recibieron los fondos buitre con el fallo de la causa pari passu.
En esa audiencia, el magistrado neoyorquino dijo que su tribunal no busca «coaccionar» a Argentina para que pague, y aseguró que la clave de este «largo litigio» es que el país cumpla con sus «obligaciones contractuales» que contrajo al vender los bonos.
Griesa reiteró que no puede «ordenar» a las partes a que se sienten a negociar, pero insistió en que la única manera de resolver este litigio es a través de un acuerdo. En ese marco volvió a recordar la designación del abogado Daniel Pollack como mediador especial, para intentar avanzar en una negociación.
