Por Germán Celesia / ¿Se puede ir a votar tranquilo sabiendo que un gobierno “autoritario” controla todo? La pregunta es falsa en sí misma, porque no se corresponde en nada con la realidad argentina del presente, donde rigen de manera plena las garantías constitucionales, la división de poderes y el derecho de la ciudanía a peticionar a las autoridades y a elegir a sus representantes a los poderes democráticos del Estado. Todo esto es relativizado por la prensa hegemónica, que da por ciertas denuncias sin asidero sobre presunto espionaje a opositores como parte de una estrategia para deslegitimar a las autoridades legales de la Nación, excepto claro que se adapten a lo que mandan los poderes fácticos. Así, las decisiones Ejecutivas, Legislativas o Judiciales e incluso los resultados electorales, son aceptados sólo si son favorables a esos intereses
Hoy Clarín insiste en la tapa de su edición en dar entidad a una denuncia sin fundamento alguno de dos diputadas del PRO, e incluso agrega una temeraria acusación contra el gobierno nacional: “Hacen espionaje ilegal desde dos antenas del ministerio de Defensa”, según denuncia en la tapa de su edición. La nota usada para armar esa portada, que firma Daniel Santoro, sólo consigna que existirían dos aparatos aptos para la intercepción de comunicaciones, pero no contiene elemento alguno que confirme que alguna vez se hayan usado para fines no previstos en la normativa vigente. Lo único que apunta en esa dirección son dichos de “dos altas fuentes militares” cuya simple existencia es bastante dudosa teniendo en cuenta los antecedentes profesionales Santoro. Es porque se trata, sin ir más lejos, del mismo autor de una serie de notas contra Máximo Kirchner, elaboradas en base a información falsa sobre una cuenta bancaria millonaria que le adjudicaba en base a sus “fuentes” secretas.
En todo caso, no podría entenderse la de hoy si no existiera un objetivo no explícito, como una campaña por deslegitimar al gobierno actual y condicionar negativamente a la ciudadanía respecto del oficialismo y del propio proceso electoral, que según las encuestas son favorables al postulante presidencial del FpV, Daniel Scioli, y del candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, a quien el Grupo Clarín y la candidata de Cambiemos buscan hoy nuevamente – esta vez con una “cámara oculta” – relacionar con un crimen relacionado con el narcotráfico que años atrás fue resulto por el Poder Judicial, que encontró autores materias e intelectuales y el móvil de esos asesinatos que ahora Lanata y el PRO quieren adjudicar al oficialismo. Repiten así una estrategia ya ensayada como en el caso de la muerte de Alberto Nisman, el asesinato en Jujuy de un simpatizante radical asaltado en la vía pública, o un de menor chaqueño con hidrocefalia al que trataron de presentar como si hubiera fallecido por “desnutrición” o falta de atención del Estado.
Todas estas construcciones mediáticas justifican opiniones desmesuradas sobre el oficialismo de parte de los columnistas de la prensa hegemónica o “invitados” de la oposición, que ganan así espacio en esos medios. Lo más peligroso es que estas opiniones tienen en común el negar la naturaleza democrática del gobierno. Ricardo Roa, editor de Clarín, afirma, sin prueba alguna que lo avale: “Que la lista salió desde la SIDE es cosa de la que no hay pruebas pero tampoco dudas. No es algo nuevo que los servicios hagan trabajo sucio. Lo hicieron cada vez que la democracia quedó en un relato formal y el aparato de inteligencia fue usado para corromper, comprar el voto de legisladores o la complicidad de jueces, atemorizar periodistas y vigilar adversarios”. Es decir, para Roa no haría falta probar ninguna de las imputaciones contra el gobierno, a las que da por válidas sólo por haber sido denunciadas por Clarín. Y agrega además otros delitos como la supuesta compra de voluntades legislativas o judiciales por parte del Ejecutivo, con lo cual la democracia, que se encuentra plenamente vigente, sería sólo parte de un “relato”.
Como columnista “invitada”, la “progresista” Norma Morandini compara al gobierno nacional con la dictadura de Videla, Massera y compañía y afirma que durante el kirchnerismo “se naturalizaron prácticas y concepciones autoritarias”, por ejemplo el supuesto espionaje. “Por confundir Estado con gobierno, no se desechó la idea autoritaria del control. Somos todos ciudadanos bajo sospecha. Por lo que pensamos, decimos o hacemos. Y los nuevos comisarios políticos hacen patrullaje ideológico desde los medios públicos y la prensa adicta es la encargada de presentar como información periodística lo que en realidad obtuvieron los espías del Estado para desacreditar personalmente a todos aquellos que critican, controlan o simplemente ejercen su derecho a decir lo que piensan”. En suma, la legisladora nacional niega la existencia de un sistema democrático en nuestro país.
La Nación considera “verosímil” la denuncia del PRO sobre supuestas escuchas, en base a un comentario del ex funcionario Miguel Angel Toma, quien dirigió la SIDE durante el gobierno de Eduardo Duhalde, quien una semana atrás compartió un acto de campaña con Mauricio Macri, jefe político de las denunciantes por el supuesto espionaje y el único candidato presidencial procesado por ese delito a partir de elementos de prueba concretos, como las desgravaciones de las escuchas que se le adjudica haber mandado a hacer.
“Otra vez, el espionaje ilegal”, titula el diario una nueva editorial llena de acusaciones infundadas contra el gobierno. En coincidencia con el planteo de Morandini, dice La Nación, que sirvió de apoyo a casi todos los regímenes de facto del siglo XX: “La grave denuncia de dos legisladoras muestra un mecanismo de obtención de información para su empleo en chantajes y otros delitos”.
Y en línea con Kirschbaum, agrega la nota editorial: “El gobierno kirchnerista consolidó un Estado policíaco con su empleo ilegal del espionaje, tarea en la cual también aprovechó los servicios del Ejército desde los años en que el general César Milani comandó la Inteligencia de la fuerza”. Es decir, a partir de una sumatoria de denuncias infundadas diseminadas por la propia prensa opositora se llega a la misma conclusión: de que no estaría vigente el “Estado de Derecho” en nuestro país. Y en este clima, no debería extrañar la reiteración de otras línea de acción de la prensa hegemónica: la de poner en duda el resultado electoral del próximo domingo, que las encuestas presentan como favorable a Scioli, quien se presenta como una continuidad del actual gobierno.
