Por Germán Celesia / La Corte Suprema de Justicia tiene sólo tres integrantes activos más uno próximo a jubilarse, como es el caso de Carlos Fayt: este último votó en favor de La Nación y Clarín en dos causas emblemáticas: la Ley de Medios, objetada por el Grupo Clarín, y la elusión de contribuciones patronales, que permitieron un “ahorro” millonario a La Nación a costas del sistema previsional. Joaquín Morales Solá, quien en 2009 dio por finalizado el “ciclo” kirchnerista e instó a trabajar con la idea de una suerte de “normalización” neoliberal y pronorteamericana, es columnista de La Nación y conductor de un ciclo televisivo por TN. Nunca dejó de trabajar en favor de la concreción de su predicción y ahora, con chances ciertas de que el devenir político le vuelva a dar la espalda, pide a gritos a esa misma Corte contradiga la voluntad popular tucumana, paso previo a intervenir en la elección nacional ante la mínima denuncia de “fraude” o “clientelismo” que publique la prensa opositora.
No parece casual que la portada de la edición impresa de La Nación se hoy incluya en lo más alto una noticia molesta para la prensa opositora: “Scioli ratificó los ejes centrales de la economía kirchnerista”. Y a su derecha, en un tamaño mayor, la apelación al máximo tribunal, firmada por Morales Solá y con un título vago: “Tucumán, un reto delicado para la Corte”. En la columna, el hombre de La Nación y el Grupo Clarín alude al caso tucumano pero deja al descubierto su insistencia en una ofensiva que apunta a que el máximo tribunal sea algo así como el “gran elector” del próximo presidente de la Nación.
Morales Solá compara el fallo de dos jueces de una cámara competente sólo en cuestiones contencioso-administrativas con la opinión de la totalidad de la Junta Electoral y del máximo tribunal de Justicia tucumano para construir la falacia de una justicia “dividida” que requiere un “desempate” entre las “dos posiciones distintas de la justicia tucumana”, lo cual según su punto de vista debería sentar jurisprudencia para los comicios nacionales.
“Lo que la Corte Suprema deberá resolver, antes que nada, es si existe la necesidad de que el tribunal fije una jurisprudencia nacional resolviendo un caso provincial. Tendrá que decidir si, en última instancia, no es el momento de advertirles a políticos y funcionarios que la democracia y su Constitución no admiten que se elimine de hecho la garantía, tan elemental como imprescindible, de la elección libre y limpia de los gobernantes”, afirma, dando por cierto la existencia de un “fraude” generalizado cuya existencia fue desestimada por la Justicia tucumana, pese a las supuestas “dos posiciones” de las que habla Morales Sola.
Según dice, “la Corte Suprema viene preocupada ahora por las denuncias de fraude que hubo en el país y por los plazos muy cortos que habrá entre la primera vuelta presidencial y la segunda ronda, y entre ésta y la fecha de asunción del nuevo presidente. Los jueces del máximo tribunal de justicia debatieron en los últimos días sobre el clima electoral de sospechas que existe muy cerca de la primera vuelta, el 25 de octubre”. Así, insiste en pedir la intervención de la Corte en la determinación del próximo Jefe de Estado en momentos en que la mayoría de las encuestas ubican a Scioli ganando en primera vuelta. Según había dicho e hombre de La Nación y TN, “los jueces de una Cámara tucumana de alzada sembraron ayer la mayor sospecha de fraude en el proceso electoral nacional”. Ese razonamiento se mantiene.
En esta misma edición, Fernando Laborda habla de la “delgada línea entre el triunfo de Scioli y la segunda vuelta”. Allí reconoce que “por primera vez, han surgido sondeos de opinión pública que proyectan una victoria para Scioli en primera vuelta, aunque por un margen que, en todos los casos, se ubica dentro del error muestral”. No obstante, supone que para “para acercarse al ansiado 45%, el candidato debería mostrar algo más de autonomía respecto de Cristina Kirchner y ensayar un discurso más esperanzador hacia sectores como el agropecuario”. Y agrega que “anoche, durante el acto que encabezó en el teatro Opera, Scioli dio un paso no menor en su delicada tarea de diferenciarse del gobierno cristinista”.
Sn embargo, la crónica central del acto se titula: “Scioli ratificó que mantendrá los ejes centrales de la economía kirchnerista”, y el diario le critica que “no especificó como” hará para atraer inversiones productivas sin hacer los ajustes reclamados por los poderes fácticos. Clarín da poco espacio al acto y las propuestas del principal candidato a suceder a Cristina Fernández y se dedica a cuestiones mínimas, como cotejar el grado de entusiasmo de los miembros del “gabinete k” presentes en el teatro, a los cuales describió como “poco efusivos”. El diario habla de las “seis encuestas que calentaron el fin de semana y sostiene que la gran pregunta es si “hay o no balotaje”.
En otro artículo, Julio Blanck sostiene que “en una segunda vuelta hoy nadie tiene asegurado el triunfo”, lo que justificaría la desesperación mediática para que el candidato del oficialismo no gane en primera vuelta. “No es mala noticia para Scioli, a quien se consideraba derrotado de antemano en esa instancia por el lastre que implicaba su condición de candidato kirchnerista. Pero igual hará lo imposible por liquidar la elección en octubre”, afirma, tratando de transmitir presión al candidato.
Respecto de la evolución de la crisis política en Tucumán, el diario se muestra molesto por la actitud menos extremista del candidato derrotado. “Cano no se mostró tan enérgico para mantener el reclamo: ratificó que llegará hasta la Corte Suprema de la Nación, aunque prácticamente aceptó que ya proclamado Manzur será un hecho que reemplazará a Alperovich”, afirma Clarín.
“Dirigentes de su espacio y fuentes judiciales coincidieron en que la presión del oficialismo –con denuncias por presunto prevaricato y sedición a los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, agresiones en la casa de esta última y la instalación del escenario de intervención a los tres poderes– influyeron en la celeridad del fallo”, sostiene. Es decir, a un fallo supuestamente dispuesto bajo presión debería sucederle otro más meditado de parte del máximo tribunal de La Nación, según el planteamiento implícito.
