Mientras crece el escándalo en torno a Fernando Niembro y los millones de pesos que cobró por parte del Gobierno de la Ciudad, comienzan a salir a la luz evidencias de que la misma modalidad de contratación directa se aplicó en Vicente López. En este caso, el concejal socialista Carlos Roberto denunció que Bernardo Leopoldo Fernández, subsecretario de Desarrollo Económico hasta diciembre pasado, fue beneficiado con contratos del Municipio a dos sociedades que integra. En total, Fernández y sus socios se quedarían con $35.898.164 en concepto de alquiler.
Según difundió el edil en un comunicado, el Municipio que gobierna Jorge Macri, a través del decreto 1887 del 13 de junio de 2012, alquiló el edificio de Acassuso 3780 -en Olivos- mediante contratación directa y por un plazo de 32 meses a la firma Desarrolladora del Norte S.A., propietaria del predio Olivos Center, para alojar allí el Centro de Monitoreo del distrito. Fernández era entonces presidente de esa sociedad anónima. La contratación se realizó a partir de abril de 2013 por un monto total de $3.562.430, que se terminarían de abonar en diciembre de este año.
Pero eso no fue todo. Fernández volvió a ser beneficiario de una contratación directa para el uso del inmueble de Hipólito Irigoyen 4848, en Florida Oeste, donde funcionará el Instituto de Formación y Capacitación Policial de Vicente López. Según la información aportada por el concejal Roberto y replicada por el Argentino Zona Norte, el hasta entonces subsecretario de Desarrollo Económico renunció en diciembre de 2014 y creó el 13 de enero de 2015 la sociedad Yrigoyen Center S.A., conformada además por Martín Sola Prats -quien fue funcionario del Gobierno de la Ciudad- y Macarena Fernández.
Según la denuncia del Socialismo, esta sociedad adquirió ese mismo mes el predio de Hipólito Irigoyen a la firma Ribera Desarrollos S.A., propietaria del Complejo Al Río, que tiene una concesión del Municipio por un predio de 69.000 metros cuadrados «donde se está construyendo un mega complejo en tierras públicas». En este caso, el Municipio estableció un contrato de locación por tres años, a partir del 2 de febrero pasado y con opción a 22 meses más, por un monto de $ 32.335.734.
«Hicimos dos pedidos de informes: uno por el Centro de Monitoreo, que fue aprobado en 2013 y nunca contestado, y el segundo lo presentamos en junio de este año y nunca se trató porque fue a comisión y ni siquiera fue al Ejecutivo por vía administrativa», dijo a este diario el concejal Roberto. «Estamos viendo con algunos concejales si avanzamos con algún otro tipo de acción», advirtió el edil.
