Por Lucía Pires / Carlos Rozanski, el presidente del tribunal platense que condenó a reclusión perpetua al genocida, represor y ex miembro de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, conversó con esta agencia en el noveno aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, primer desaparecido en democracia y testigo clave del primer juicio de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.
“Este es un año más de impunidad, y en la Justicia todos sabemos que cada año que pasa se va alejando más la posibilidad de revertir esto –lamentó–. Por un lado, está la tragedia personal y familiar que significó, y por el otro, está el mensaje social siniestro que se estaba queriendo dar, porque no puede haber sido casual que haya desaparecido López en democracia, finalizando el primer juicio”.
El magistrado señaló que a partir de la demostración de impunidad del aparato represivo mediante la desaparición de López, “se reflexionó y se modificó todo” el protocolo para proteger a los testigos de las causas de delitos de lesa humanidad.
“En ese momento no era previsible un hecho de esa naturaleza, porque estábamos en democracia y estaban las condiciones sociales dadas para que el juicio se lleve adelante, pero una vez producida la tragedia, se comenzó un sistema distinto de citación de testigos”, sostuvo.
Al respecto, detalló que se intervinieron organismos del Estado que fueron creados para el tema de terrorismo de drogas y mafia, pero que se adaptaron al Programa Nacional de Protección de Testigos de los juicios de lesa humanidad. “Hasta el día de hoy, ese es uno de los programas que utilizamos para evaluar el riesgo en cada caso. Eso permite hacer un diagnóstico y tomar las medidas necesarias”, expuso.
La decisión política de Néstor Kirchner de anular las leyes de la impunidad y condenar a los represores permitió de alguna manera tomarle el pulso al aparato represivo. A nueve años de que se hayan retomado los juicios, para el juez Rozanski, “el balance es definitivamente positivo en muchos aspectos”.
Entre los progresos en el área, mencionó que “se demostró en el país y al mundo que el terrorismo de Estado no siempre va a quedar impune, porque si bien el genocidio nunca fue penado a lo largo de la historia en todo el mundo, salvo contadas excepciones y en tribunales extranjeros, en el caso argentino, aun con treinta años de distancia, se logró demostrar lo contrario; que hay crímenes que por su intensidad no prescriben nunca, que son juzgados y sancionados, y ese es el mensaje que cualquier sociedad puede dar para evitar que el genocidio se repita: enjuiciar a los culpables”.
Por otro lado, el magistrado se refirió al desafío que significó participar de los juicios dentro de la institución “menos democrática, porque no tiene renovación ni evaluación periódica”, y llamó a la sociedad a “estar alerta respecto de los sectores más reaccionarios del Poder Judicial”.
“Lo ideal sería establecer mecanismos de renovación, de mejora en la selección, y de agilidad a la hora de apartar del cargo a los jueces que no cumplen con su deber propiamente –desarrolló–. La prueba de esto es lo que sucede en Tucumán, que ratifica la necesidad de estar atentos y pensar juntos la reestructuración de sistemas de designación que garanticen jueces sensibles, democráticos y que den fallos justos”.
En relación a la sentencia que anuló las elecciones en Tucumán, concluyó: “La sensación que queda en este caso, es que no pasa por una cuestión jurídica lo que está sucediendo, sino que se trata de ensuciar un proceso que no puede ser ensuciado. La Argentina está en una democracia plena, se está votando en todas las provincias, y ahora muy pronta serán las elecciones nacionales y provinciales. Esos intentos, incluidos los del Poder Judicial, tienen que ser rápidamente solucionados en las instancias correspondientes”.
