El PRO en la Legislatura porteña se negó a tratar el pedido de informes a la gestión macrista respecto de la denuncia sobre contrataciones directas que el Gobierno otorgó a una empresa relacionada con el periodista Fernando Niembro, cabeza de lista de diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, había solicitado sumar el pedido de informes al temario de la sesión ordinaria de mañana, pero el bloque del PRO, a través de su titular, Carmen Polledo, negó esa posibilidad, con lo cual el expediente deberá ser debatido en el ámbito de una comisión parlamentaria y no en el recinto.
“Queda claro que no nos dan una respuesta de porqué Mauricio Macri ocultó las contrataciones directas de la empresa La Usina Producciones con el Gobierno de la Ciudad”, aseguró Alegre en declaraciones formuladas a la prensa tras la reunión de labor parlamentaria y agregó que “si el PRO quisiera aclarar el tema podrían haber acompañado el pedido de informes y así poder saber las cosas rápidamente”.
La denuncia contempla a “La Usina Producciones”, una compañía fundada hace tres años por Niembro, que se convirtió en un proveedor de servicios del Estado porteño y que, según la denuncia, fue beneficiaria de al menos 170 contrataciones bajo un mecanismo irregular.
Esos contratos suman 19.473.878 de pesos, se realizaron bajo la modalidad de contratación directa y no fueron informadas debidamente en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Según trascendió, las contrataciones refieren a servicios de publicidad con varias jurisdicciones del Poder Ejecutivo, principalmente la Secretaría de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno e incluyen contratos para la realización de auditorías y encuestas sobre el servicio de recolección de basura para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
“El caso es de mucha gravedad porque refiere al primer candidato de Cambiemos como diputado en la Provincia”, dijo Alegre y sostuvo que están evaluando la posibilidad de citar a los funcionarios porteños involucrados en estas irregularidades.
Entre los funcionarios, estarían Pablo Clusellas, el secretario legal y técnico de la Ciudad, y Edgardo Cenzón, ministro de Ambiente y Espacio Público.
