El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó, los días 10 y 11 de agosto de 2015, en Ginebra, un informe de investigación sobre el impacto que las actividades de los fondos buitre tienen en los Derechos Humanos, de conformidad con el mandato otorgado por la Resolución 27/30 del Consejo de Derechos Humanos, iniciativa liderada por la Argentina en septiembre de 2014.
Argentina impulsó la resolución a través de la cual el Consejo de Derechos Humanos solicitó a su Comité Asesor, órgano integrado por 18 expertos independientes, que preparara una investigación sobre las actividades de los fondos buitre y su impacto en el disfrute de los Derechos Humanos.
El informe fue preparado por el experto suizo Jean Ziegler y contó con la contribución de expertos en Derechos Humanos y economía así como con la información brindada por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En el mismo se analiza el impacto negativo que los fondos buitre tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las acciones que éstos, individualmente o en conjunto, pueden tomar para enfrentarlos.
El estudio pone de manifiesto las preocupaciones crecientes que generan las estrategias empleadas por los fondos buitre, exacerbadas por la ausencia de un mecanismo jurídico internacional que regule sus actividades y las responsabilidades de sus impactos negativos. Es su modus operandi el que los define como «buitre» ya que se niegan a participar en procesos de reestructuración de deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se benefician de la opacidad y falta de control existente en el mercado secundario y en los paraísos fiscales, donde tiene sede: el promedio de sus tasas de retorno es de 3 a 20 veces más de lo invertido, equivalente a retornos de 300 a 2000 por ciento.
