La resolución fue tomada por los jueces de la Sala I de Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, en la causa por las escuchas ilegales, mientras que Eduardo Farah votó en disidencia.
Ballestero y Freiller rechazaron el pedido de sobreseimiento de la defensa de Mauricio Macri, que había argumentado que la pesquisa estaba concluida y que de ella no surgía responsabilidad del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiller consideraron que ese argumento “no puede ser admitido” hasta tanto no se concreten las medidas de prueba pedidas por el juez Norberto Oyarbide y demoradas por la justicia de los Estados Unidos.
“La duración del proceso hasta el momento no resulta, en modo alguno, irrazonable”, dijeron los jueces al destacar la “multiplicidad de hechos” y “considerable complejidad” de la causa en la que investigó la existencia de una asociación ilícita para la intervención ilegal de teléfonos.
Por su parte, Farah consideró que “las pruebas actualmente reunidas apuntan decididamente en otras direcciones, ajenas a la intervención -sea por instigación, aquiescencia, consentimiento o tolerancia- de Mauricio Macri”.
El jefe de gobierno porteño fue procesado en mayo de 2010 a partir de la denuncia realizada por uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein.
En la causa también está imputado el ex comisario Jorge “Fino” Palacio, nombrado por Macri como primer jefe de la Policía Metropolitana cuando estaba acusado de ocultar pruebas en la investigación del ataque terrorista.
En la investigación se probó que las escuchas ilegales habían alcanzado también a un cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, caso ante el cual asumió la responsabilidad el empresario Franco Macri, padre del jefe de Gobierno, quien aseguró que las había contratado a una empresa estadounidense por razones de seguridad familiar.
Por esta red, aguardan su juzgamiento desde marzo del 2014, el ex espía y ex empleado del ministerio de Educación de la Ciudad, Gerardo Ciro James; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el comisario Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro.
También fue enviado a juicio oral el ex juez misioneros José Luis Rey, quien junto a su colega fallecido, Horacio Gallardo, ordenaban a la SIDE escuchas judiciales en base a denuncias truchas pedidas por los policías Diego Guarda, Raúl Rojas, Rubén Quintana, David Amaral y Antonio Fernández.
La situación de Macri quedó demorada hasta tanto se reciba respuesta al exhorto enviado a la justicia de los Estados Unidos.
