Por Germán Celesia / El 27 de abril pasado, Clarín anunciaba: “Macri refuerza su liderazgo y prepara el plan final: polarizar con Cristina”. Ese anuncio era ratificado por La Nación en su edición del 20 de junio: “Macri eligió polarizar con el Cristinismo”. El sentido obvio de la estrategia era evadir el debate por la continuidad o no de las políticas en curso con el candidato del oficialismo.
La prensa hegemónica, pese a los dichos sobre el líder del PRO, inició entonces una nueva campaña tendiente a reactivar el rol de la corporación judicial como actor político, a partir de la pulseada por la designación de jueces suplentes, que por ley corresponde al Consejo de la Magistratura, un órgano colegiado donde los magistrados no tienen mayoría.
Aunque los dos principales diarios anunciaron que Mauricio Macri sería quien “polarizara” con Cristina Fernández, en la práctica parece ser que integrantes de la corporación judicial son quienes “recogieron el guante”, y lo demostraron en la insólita marcha organizada centralmente desde el programa de Jorge Lanata y la señal Todo Noticias. También, a partir de diversos fallos judiciales. Dos de ellos son tapa en los diarios de hoy.
Dice Clarín: “Un fallo clave pone freno al avance K sobre la Justicia”. Así, el matutino expresa su certeza de que se extendería a todo el ámbito judicial la decisión de un tribunal que se circunscribe a una causa que no está relacionada con ningún funcionario púbico, e insiste en desacreditar con el mote “k” a toda manifestación que vaya en contra de los intereses que defienden las corporaciones de prensa y a confundir a uno o varios magistrados con el valor “Justicia”.
Además, según el diario, “el Gobierno pretende designar como jueces a abogados afines que no pasaron por concurso”, lo cual es una mentira flagrante y contradice el criterio defensa que hizo el matutino de la designación en el tribunal de Casación Penal, “por invitación” de sus pares, del juez Luis Cabral. El columnista Daniel Santoro, autor de numerosas operaciones periodísticas contra el gobierno, se entusiasma porque entiende que “estalló la rebelión de los jueces” por la que venía bregando la prensa opositora. Sostiene que se trata de la “resistencia de una buena parte de los jueces contra la última avanzada del Gobierno”, la cual sería la simple aplicación de una ley aprobada por los poderes democráticos del Estado argentino.
El diario ya presiona al máximo tribunal de Justicia para que convalide este criterio, e invalide lo dispuesto por funcionarios públicos electos por la ciudadanía. “Se ha demostrado cómo el sistema previsto por ley 27.145 otorga al Consejo de la Magistratura facultades discrecionales que confrontan directamente con los principios constitucionales de juez natural, imparcialidad e independencia judicial”, dice el fallo de la Cámara federal. “La Corte coincidiría con este criterio”, anticipa Clarín.
Nicolás Wiñazki se entusiasma, por su parte, con la posibilidad de que se abra “el escenario más temido por Cristina”, el cual según cree sería “el posible llamado a indagatoria de sus hijos, Máximo y Florencia, y también de ella misma, accionistas de esos hoteles sospechados de haber sido utilizados para blanquear dinero tal vez obtenido de la corrupción”. Esta cadena de suposiciones se origina en la decisión del juez Alberto Bonadío – blanco numerosos pedidos de juicio político por presunto mal desempeño en su cargo – de exigir documentación relacionada con empresas propiedad de la Jefa de Estado y sus hijos. “Ayer, la Presidenta se encontraba en Río Gallegos. Su familia dio muestras de nerviosismo por los procedimientos”, asegura Wiñazki, aunque todas sus suposiciones carecen fundamentos empíricos.
La Nación acompaña la ofensiva de Clarín pero evita confundir a sus lectores con los títulos de su portada: no habla de “Justicia” versus kirchnerismo sino de “rechazo judicial a la ley que usa el Gobierno para nombrar a jueces suplentes”, lo cual tampoco es correcto ya que la designación de subrogancias es atribución del Consejo de la Magistratura y no del Ejecutivo nacional.
Además, en el título de una nota firmada por Hernán Capiello también se induce a un error al hablar de “la ley de Gobierno”, como si se tratara de un decreto. Y Adrián Ventura, columnista de La Nación y TN, coincide con Clarín en que “la Corte ratificaría que la norma es inválida”, lo cual ratificaría el camino de “polarización” con el Gobierno, que la prensa hegemónica quiere utilizar con fines electoralistas.
