Luego de que la jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenase embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas, el Foreign Office británico rechazó la medida y sostuvo que «las leyes domésticas no aplican en Malvinas».
«Siempre hemos sido muy claros de que esta es una afirmación de jurisdicción ilegal, que rechazamos, y que llevaremos ante las autoridades apropiadas», dijo la vocera de la Secretaría de Relaciones Exteriores británica.
«Estamos satisfechos de que las islas tengan el derecho a desarrollar sus hidrocarburos como un emprendimiento comercial legítimo con empresas de gas y petróleo, y seguiremos apoyándolas en la medida en que avancen. La ley local argentina no se aplica a las Islas Falklands», agregó.
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, declaró que la medida es «una pieza escandalosa de intimidación y amenaza contra el derecho de los isleños para desarrollar sus propios recursos económicos. La Argentina necesita detener este tipo de comportamiento y comenzar a actuar como un miembro responsable de la comunidad internacional».
Por su parte, el ministro de Estado para América Latina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Gran Bretaña, Hugo Swire, expresó : «En los últimos días hemos visto el último ejemplo flagrante de las autoridades argentinas y la inaceptable campaña por estrangular la industria de hidrocarburos de las Malvinas».
«Hemos sido absolutamente claros con respecto a que las leyes domésticas no aplican en las Malvinas ni en las aguas que las rodean», agregó.
La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado, en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.
La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
