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«Creemos que la única forma para que la causa pueda progresar y se arroje luz es que se produzcan las declaraciones indagatorias», afirmó el subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén al exponer ante la sala I de la Cámara Federal porteña que tendrá que resolver si ratifica o revoca la decisión del juez federal Julián Ercolini de no indagar por el momento a los imputado. «No entendemos cuál es el motivo de reticencia del juzgado», agregó Alén.
La audiencia ante los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero comenzó poco después de las 12 en los tribunales federales de Retiro con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien pidió al fiscal ante esa instancia Germán Moldes que «acompañe a las víctimas como representante público de los intereses que tiene la sociedad» en una causa «que ya está resuelta como imprescriptible».
Pero Moldes, había presentado poco antes un dictamen en el que desistió de sostener la apelación de su par de la instancia inferior, Leonel Gómez Barbella, algo que ratificó al hablar en la audiencia aunque sí instó a los camaristas a «sugerir recomendar a Ercolini que evite dilaciones injustificadas en la producción de la prueba pendiente».
«La decisión a través de la cual el juez de instrucción decide no convocar a prestar declaración indagatoria es irrecurrible excepto que sobrevenga como su consecuencia inmediata un agravio irreparable», algo que no se ve en el caso, consideró Moldes en el dictamen que luego ratificó de manera oral.
Al exponer por la querella, Alén consideró que «la causa se tramita desde el 2010, que ya fallecieron cinco imputados y que desde hace más de tres años la causa está radicada en el jzugado de Ercolini «sin que se produzcan significativos avances».
«Sí observamos una reticencia del juez a ir avanzando en pos del esclarecimiento», ante una causa que entendió es de «gravedad institucional» en la que los acusados de la causa «integraban un Estado terrorista».
A su turno, Fresneda recordó que él fue víctima del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico militar. «No vengo a presionar a nadie ni a condicionar», respondió ante una crítica de los abogados defensores que aludieron a «presiones» sobre el juez del caso, Ercolini y ejemplificaron con la presencia de un funcionario del Gobierno Nacional en la audiencia.
«Soy víctima del terrorismo de Estado y ha sido muy difícil. Mi presencia aquí es la presencia de un Estado, vine a poner la cara porque no sólo soy una firma, soy una persona que piensa, siente y tiene responsabilidades, vine a representar al Poder Ejecutivo y a acompañar a los abogados», concluyó.
La defensa del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había aludido a presiones sobre fiscales y el juez de la causa,al pedir que se ratifique la negativa a indagar a su cliente. «Nadie esta preocupado por el derecho de defensa de Magnetto o Mitre, acá con argumentos falaces lo que se quiere es el escarnio público, que pasen por las cámaras de televisión», argumentó el abogado Hugo Wortman Jofre.
Los abogados defensores insistieron con que a cinco años del inicio de la causa, en caso de no haber evidencias, sus clientes deberían ser sobreseídos y no llamados a declaración indagatoria, insistieron en «respetar las reglas del debido proceso» y aludieron a un «contexto de presión» sobre el magistrado del caso.
Por el imputado Bartolomé Mitre expuso el abogado Alejandro Perez Chada y por Raymundo Pio Podesta, el letrado Pedro Pusinelli. La defensa de Ernestina Herrera de Noble presentó un escrito y no concurrió a la audiencia oral. Tras esta audiencia, los camaristas deben resolver en las próximas semanas si hacen lugar a la apelación y ordenan las indagatorias o rechazan el recurso.
