«Todos los países con los que me reuní se mostraron comprensivos de que hay que frenar a los buitres», afirmó el canciller Héctor Timerman a Télam, al tiempo que remarcó que «hay distintas opiniones sobre cómo hacerlo, pero nadie deja de entender el daño que le causan los fondos buitre a los pueblos».
Precisamente el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Europeos del Reino de Bélgica, Didier Reynders, remarcó tras su reunión con Timerman que «más allá de la búsqueda de un marco legal a nivel mundial para bloquear el accionar de los fondos buitre sobre todos los países, estamos tratando de bloquearlos en Bélgica».
«Tenemos que pedirle a otros países que hagan lo mismo y no esperar a que se reaccione cuando se pongan en peligro otros procesos de reestructuración de deuda», subrayó Reynders.
La Cámara de Diputados belga aprobó en comisión y envió al recinto para su tratamiento un proyecto de ley que limita el accionar de los fondos buitre en ese país, a partir del caso de la reestructuración de deuda de la Argentina.
El proyecto aprobado por la Comisión de Finanzas del Parlamento tiene por objeto limitar los derechos de un tipo particular de acreedores, aquellos que buscan ganancias ilegítimas, y no cubre a un tipo particular de deudores, sino que alcanza a todos los Estados endeudados.
Timerman advirtió que «los fallos de la Corte de Nueva York, como por ejemplo el de NML contra Argentina, han sentado un precedente que imposibilitará las reestructuraciones de deuda soberana con acreedores privados de aquí en adelante. Es necesario un marco legal multilateral para la reestructuración ordenada, eficiente y a tiempo de las deudas soberanas».
«No es sólo Argentina, sino también el FMI, premios Nobel como Joseph Stiglitz, e incluso los tesoros de países como Estados Unidos y Francia, entre otros, quienes llegaron a una misma conclusión», remarcó Timerman en una conferencia sobre El Proceso de Desendeudamiento Argentino y el Accionar de los Fondos Buitre a nivel Global organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bruselas.
Del mismo, que estuvo conducido por el embajador argentino ante la UE, Hernán Lorenzino, participaron también George Dassis, presidente del Grupo Sindical del Comité Económico y Social Europeo; y Antonio Gambini, un experto en financiamiento al desarrollo de la ONG belga Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo CNCD, entidad involucrada directamente en la elaboración del proyecto de ley en Bélgica que busca terminar con el accionar de los fondos buitres.
Gambini, uno de los ideólogos del proyecto de ley anti buitre, aseguró que «la importancia del tema a nivel internacional cambió con los casos de Argentina y de Grecia, ya que son la primera demostración de que este problema puede afectar a todos los países, no sólo a los más pobres».
En concordancia con lo manifestado por Timerman, expresó que «el enfoque contractual basado en el mercado para la reestructuración de la deuda en la resolución de los problemas de acción colectiva constituye una estrategia insuficiente ya que no cubre a la mayor parte de la deuda actual, emitida con anterioridad a la inclusión de estas cláusulas, dejando así a estos bonistas totalmente desprotegidos».
En ese sentido, presentó los puntos salientes de la propuesta de ley belga que «define a los fondos buitre como aquellos que intentan sacar una ‘ventaja ilegítima‘, aunque es un juez el que en última instancia deberá determinar esta intención».
Para ello, explicó que «la propuesta establece cinco criterios: la desproporción manifiesta entre el valor de compra y el valor exigido; que el Estado en cuestión debe encontrarse en cesación de pagos, y que el fondo debe estar radicado en un paraíso fiscal».
También dijo que «el Estado debe haber mostrado su voluntad de iniciar un proceso de reestructuración de su deuda, del cual el fondo ha decidido no participar, y que los efectos de forzar el pago bajo las condiciones requeridas por el fondo podrían tener un impacto desfavorable en las finanzas públicas del Estado en cuestión».
«Si bien Bélgica es un país pequeño, Euroclear -uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo- se encuentra ubicado en Bruselas. En ese sentido, la propuesta de ley permitiría a países como la Argentina realizar los pagos a los acreedores que sí entraron en el proceso de reestructuración a través de Euroclear», remarcó Gambini.
Por su parte, Dassis expresó su solidaridad con el pueblo argentino en su lucha contra los fondos buitre, y dijo que esta es una problemática que afecta directamente a las personas, especialmente en los países más pobres.