En el marco de la Jornada “La violencia institucional en la provincia de Buenos Aires: avances y desafíos para un abordaje intersectorial en Morón”, la senadora por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, pidió por la plena implementación de la ley que crea las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional.
“Si bien la Procuradora General de la Provincia ha dictado una resolución indicando que debe implementarse la Ley aún no se han creado los cargos para las primeras Fiscalías especializadas que la ley prevé para el primer año”, explicó Macha.
Las primeras siete Fiscalías funcionarán en los Departamentos Judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, General San Martín, La Matanza, La Plata y Morón.
“Pedimos la implementación de la ley de Fiscalías en Violencia Institucional. Es una herramienta fundamental para ponerle fin a la impunidad que es la principal causa por la cual persisten estas prácticas”, agregó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la cámara alta de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la apertura de la Jornada, Macha también manifestó que “la violencia institucional es la principal herencia de la dictadura y configura el problema más importante en materia de Derechos Humanos en nuestro país».
Y agregó que “la violencia institucional está atravesada por la desigualdad social. Si un policía le pega a un estudiante de clase media en una universidad es un escándalo nacional, ahora si un policía le pega del mismo modo a un pibe de un barrio popular en el conurbano es cosa de todos los días. La violencia institucional está naturalizada y muchas veces justificada por una condición social. No podemos dejar que esto siga siendo así”, sentenció.
La Jornada “La violencia institucional en la provincia de Buenos Aires: avances y desafíos para un abordaje intersectorial en Morón” se realizó en el Salón Mariano Moreno del Municipio de Morón y contó con la presencia del intendente local, Lucas Ghi; el presidente del Concejo Deliberante, Hernán Sabbatella; el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Mario Coriolano; el director del Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados, Norberto Liwski; la presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados; Fernanda Raverta, y la Coordinadora del área de promoción y protección de DDHH de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.
