En la sede Presidente Néstor Carlos Kirchner de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, el Consejo Directivo recibió al juez Carlos Rozanski para manifestarle un fuerte y claro acompañamiento, solidaridad y apoyo, ante las amenazas e intimidaciones que recibió en los últimos meses luego de la finalización del juicio oral y público por la causa La Cacha.
La iniciativa fue presentada por los consejeros del claustro estudiantil y la conducción del Centro de Estudiantes “Agrupación Rodolfo Walsh”, frente a un nuevo intento de deslegitimación y amedrentamiento que busca entorpecer los avances judiciales en materia de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último golpe de estado.
El documento denuncia el accionar del aparato represivo de la derecha y sostiene que las convicciones y los valores históricos que representan a la agrupación obligan a redoblar los esfuerzos para que los Derechos Humanos sigan siendo parte fundamental de un proyecto político, como lo son desde el año 2003.
Es importante señalar que por las denuncias que el magistrado efectuó, se logró detener a un hombre acusado de estar implicado en las amenazas que se sucedieron desde la lectura de los fundamentos de la sentencia por los crímenes cometidos en el exCCD La Cacha en enero de este año. Esa detención se produjo días después de que el magistrado solicitara la intervención de la Corte en la causa el 27 de abril pasado, pero “formalmente la Corte hasta ahora no hizo nada, no ha notificado y ni siquiera citaron a Rozanski a declarar”, según detalló el abogado que representa al juez, Eduardo Barcesat, en declaraciones a la prensa.
Cabe recordar que no es la primera vez que el magistrado recibe este tipo de intimidaciones y amenazas, ya que tras la condena a reclusión perpetua del represor Miguel Etchecolatz en 2006, fue víctima de similares episodios. También recibió amenazas a pocos días de iniciarse el juicio por el Circuito Camps en septiembre de 2011, donde por primera vez en la historia de juicios por delitos de Lesa Humanidad se condenó a un civil, el ex ministro de Gobierno Jaime Smart.
