Por Germán Celesia / No es casual que los pagos millonarios de Alberto Nisman en propiedades no declaradas en Argentina y en el exterior, o sus gastos con tarjeta de crédito en viajes de placer realizados en períodos de actividad laboral, no formen parte de la portada de La Nación o Clarín. Antes y después de su fallecimiento en aparente suicidio, el magistrado brindó un invalorable servicio a la prensa opositora en la tarea de atacar al gobierno por razones relacionadas sólo de manera tangencial con la gestión pública. Parece existir una decisión editorial de buscar formas de desenfocar a la opinión ciudadana de aquello que tiene que ver con la gestión pública y colocarlo en denuncias que suelen quedar en la nada por falta de pruebas, como la de Nisman.
Sin embargo, ahora la prensa opositora amenaza incluso con reabrir causas que ya son “cosa juzgada”, y sugiere un eventual acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia a esa advertencia que, como otras, no busca incentivar el debate público sobre políticas gubernamentales. Así podría entenderse la campaña para victimizar a la Corte Suprema de Justicia y adjudicar “ataques” al oficialismo con la excusa de su insistencia por conocer si uno de sus integrantes está en condiciones psicofísicas de continuar en el cargo, teniendo en cuenta su avanzada edad y su falta de participación en actividades del alto tribunal.
Según dice Luis Majul en La Nación, existiría una “paranoia de fin de ciclo” en el gobierno. El columnista insiste en dar por finalizado el ciclo kirchnerista, incluso a contrapelo de las propias encuestas que publica el matutino para el que escribe. A partir de esa supuesta “paranoia” de la que habla, “recrudecieron las operaciones contra los fiscales y los jueces para evitar que la denuncia de Nisman prospere. Ahora, la única esperanza de que algún día la causa se reactive es que otro juez, después de diciembre de este año, considere que el expediente debe ser reabierto porque ni siquiera se empezó a investigar. La paranoia explica también la fortísima embestida contra la Corte Suprema, en general, y contra Carlos Fayt, en particular”.
Según Majul, “el otro blanco móvil que sigue estando en la mira de la Presidenta y sus funcionarios paranoicos es el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. A él le atribuyen casi todos los males judiciales que padece la jefa del Estado. Todavía siguen despotricando por el homenaje que le hizo Lorenzetti a Nisman en la apertura del año judicial a través de un impactante video que lo puso en el lugar de víctima. Creen que no es otro que el presidente del máximo tribunal quien le transmitió a Bonadio las garantías para que continúe con la causa que más inquieta a la jefa del Estado. Y suponen que Lorenzetti terminará influyendo en el resto de los miembros de la Corte en la aplicación del principio de cosa juzgada írrita para juicios que la familia Kirchner ya daba por ganados, archivados y olvidados, pero que podrían ser reabiertos, porque, otra vez, en su momento no habrían sido investigados con idoneidad y transparencia”.
Esta “propuesta” de volver a investigar causas cerradas con el propósito de permitir una condena mediática ya había sido expresada por Eduardo Van der Kooy en Clarín. “¿Podrían los jueces federal a futuro, por ejemplo, reabrir causas de corrupción K que fueron cerradas? ¿Podría afectar, incluso, el par de sobreseimientos in limine por enriquecimiento patrimonial que beneficiaron a los Kirchner? ¿Estaría en riesgo la denuncia de Nisman por encubrimiento terrorista, que dos fiscales avalaron para que se investigara pero que las instancias judiciales superiores clausuraron?”, decía.
La Corte sería de suma importancia en el desarrollo de esa forma de hostigamiento al gobierno. No parece casual que el “editor” de La Nación diga: “El Gobierno presiona a Fayt para generar una nueva vacante y poder negociar espacios. Busca licuar el poder interno de Lorenzetti”. Que mariano Grondona sugiera por enésima vez que la Presidenta tiene una pretensión “monárquica” que generaría “crispación de poderes”. Y que los dos diarios mantengan en sus portadas el supuesto “embate”, que sin embargo no se ha materializado en un pedido de juicio político, como viene afirmando la prensa opositora, ni siquiera en cuestionamientos a las posicione expresadas por el juez.
Según La Nación, “el juez dice que no renunciará”, aunque no hay testimonio alguno del magistrado que avale esa afirmación. Más cauto, Clarín dice que el magistrado “lo hizo saber” a través de un allegado y no personalmente. Ricardo Roa, editor del matutino, se suma a la defensa de la senilidad como virtud expresada ayer por Morales Solá y agrega: “Fayt es la última oportunidad que ha encontrado el Gobierno para doblegar a la Corte Suprema y demoler su autonomía”. En realidad, obvia aclarar que se refiere a una “autonomía” respecto de los poderes democráticos del Estado y no de los medios opositores, ya que los dos diarios vienen “bajando línea” a los miembros del tribunal para que reabran cusas que puedan ser perjudiciales para el gobierno.
