El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien había intentado frenar el desalojo en Abasto, habló hoy sobre la ejecución de la orden por parte de la justicia penal y la represión que vivieron esta madrugada las 750 familias afectadas.
“Ayer teníamos la palabra de que no iban a desalojar a partir de las gestiones que se hicieron. Parecía que todo se encaminaba a una solución tranquila y hoy a la mañana nos encontramos con un desalojo”, explicó el magistrado en comunicación con AgePeBA.
Para Arias, la justicia penal, de la mano del juez de Garantías Nº 3, Pablo Raele, “actuó en beneficio de los intereses inmobiliarios”, demostrando además que “criminaliza los problemas de los sectores más postergados”
“No podemos entender esto porque no existió una nueva orden judicial. El desalojo estaba previsto para el miércoles y no se cumplió, de modo que debería haber caducado. Sin embargo, la policía procedió con la misma decisión, desconociendo la orden judicial que yo había dado de no intervenir en este caso”, denunció.
Arias consideró que fue “un despliegue policial inusitado” en el que no se tuvo en cuenta “que la gente no estaba ocupando una plaza ni una vivienda particular, sino que era un predio en estado de abandono a partir de una empresa que quebró”.
La Bonaerense “ha dejado una secuela social muy profunda”, subrayó tras interiorizarse sobre los hechos con las familias desalojadas.
El juez estuvo hoy en Abasto junto a la concejala platense Florencia Saintout y los legisladores provinciales Emilio López Muntaner y Gustavo Di Marzio.
En tanto, el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto anticipó esta tarde que pedirá el juicio político para el juez Raele y la fiscal Betina Lacki, responsables del desalojo, y anunció que avanzará con un proyecto de ley en el Senado para expropiar las 40 hectáreas en conflicto.
Arias comentó que tras recorrer ayer el barrio con Mariotto, “el Vicegobernador realizó todos los esfuerzos necesarios” para tratar de evitar lo que ocurrió esta madrugada.
Dado que varias personas siguen acampando sobre la Avenida 520 y 214, en protesta por el desalojo y las posteriores detenciones de algunos vecinos, el juez remarcó que “esperemos que se remedie rápidamente lo que pasó y se vote la ley de expropiación del predio para que las familias puedan volver al lugar y comenzar con un emprendimiento urbanístico”.
“La policía actuó sin necesidad porque la gente estaba de un modo pacífico y estaban encaminadas las acciones para el desarrollo de las viviendas. Realmente es inexplicable semejante violencia institucional para no lograr nada. Ahora el predio quedó vacío y no tiene ninguna utilización”, finalizó el magistrado.
