La ocupación de un predio en la zona de Abasto por parte de 350 familias que reclaman vivienda, generó un conflicto con sectores de la corporación inmobiliaria que lograron un fallo favorable de desalojo y generaron una resistencia vecinal que se expresó ayer en una masiva asamblea de 800 personas.
Mientras el diario El Día acusa a los vecinos sin tierra de “usurpadores” y de “mafia organizada”, los referentes del kirchnerismo local acompañaron el reclamo y sumaron sus apoyos en la asamblea. Para Florencia Saintout, este es un paso más “en la lucha contra esa justicia que nos avergüenza y contra esos poderes enormes de la ciudad que tienen nombres de inmobiliarias”.
Los terrenos son reclamados por la Inmobiliaria Mattioli cuyo titular denunció penalmente, bajo la figura de usurpación, a 11 personas. A pesar de la apelación de la Defensoría Oficial Nº 10, que entendió que “en las parcelas de Abasto no se registraban delitos de usurpación”, la Sala IV de la Cámara Penal platense dictaminó el desalojo para el miércoles 6 de mayo. Estas tierras fueron compradas de manera poco clara por la empresa Texlan en 1988. Pero en 2001, entró en cesación de pagos y luego quebró. La AFIP y la Dirección Provincial de Rentas eran los principales acreedores y las tierras tendrían que haber pasado a manos del Estado. Sin embargo, empezaron a ser alquiladas a pequeños productores y ahora la Inmobiliaria Mattioli reclama el desalojo en nombre de Texlan. “No puede ser que el interés de la renta, del negocio, sea más fuerte que el derecho a la vivienda y a la dignidad de los trabajadores”, afirmó Saintout.
En este mismo sentido, el Senador Provincial Emilio López Muntaner, presentó un pedido de expropiación de los terrenos, argumentando que “no estamos de acuerdo con la decisión de desocupar por la fuerza el predio y darle las tierras a las inmobiliarias que hacen negocios. Además, estos lotes pertenecen al Estado y deben ser utilizados para producción y vivienda social”. El proyecto prevé no sólo la expropiación del predio de Abasto, que pretende reclamar como propio la inmobiliaria Mattioli, sino que también declara a esas tierras de utilidad pública y prevé un desarrollo urbanístico mediante el cual el Estado se compromete a generar la infraestructura necesaria para el futuro barrio –escuelas, salitas sanitarias, espacios verdes, calles, entre otras-.
Por otro lado, el juez Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, participó de la jornada y manifestó su alegría por ver la unidad y la organización popular. “Todo lo que nace de la organización popular es indestructible. Ahora lo más importante es frenar el desalojo, y creemos que lo vamos a lograr. Quiero contarles que hoy he dictado una medida precautelar mediante la cual he ordenado al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que se abstenga de realizar el desalojo”, afirmó Arias. Por su parte, la concejal Ludmila Kostiuk abogó por “transformar las tierras en un barrio de trabajadores”.
Por ahora, los vecinos resisten, la justicia avala el desalojo impulsado por el sector inmobiliario y los medios justifican un accionar represivo en defensa de los negocios y en contra de las necesidades de las mayorías.
