Apenas 48 horas después de haber perdido las PASO y amagado con denunciar fraude electoral, la justicia salteña pidió el desafuero del ahora senador massista Juan Carlos Romero, acusado de enriquecimiento ilícito. El juez de Garantías de Sexta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, hizo lugar al pedido fiscal, tras verificar la «actitud evasiva» de Romero, que no concurrió nunca a ninguna de las declaraciones indagatorias a las que fue citado en diversas causas. Por su paso como gobernador, se lo acusa de que haber usado testaferros; tener un patrimonio «imposible de justificar razonablemente»; poseer una mansión a nombre de una firma fantasma; dos aviones y un helicóptero; además de estar vinculado a cinco empresas con propiedades y millonarias transferencias de dinero entre sí.
El planteo deberá ser abordado por el Senado nacional que, si lo convalida, permitirá que Romero sea llevado a declarar por fuerzas de seguridad.
El senador y precandidato a la gobernación de Salta lo intentó todo: recusó a los fiscales, pidió nulidades del llamado a indagatoria y hasta la inconstitucionalidad de artículos del Código Procesal. Aunque todo fue rechazado, nunca concurrió a declarar en la causa en la que se investiga un «incremento patrimonial apreciable» desde su asunción al cargo, lo que Rodríguez Pipino consideró que tiene una «finalidad dilatoria» para bloquear la causa. También le hizo un llamado de atención al abogado de Romero, Pedro Oscar Guillén, por las chicanas procesales intentadas y amenazó con su apercibimiento.
A lo largo de una dura resolución de 72 carillas, el juez no se privó de mencionar el resto de las causas judiciales que jaquean a Romero y donde se registró la misma «inconducta procesal».
