El 28 de enero de 2012 fue asesinado a golpes y patadas Patricio Barros Cisneros, detenido en el Pabellón 1 de esa unidad. Se constataron más de 30 golpes en la cabeza y el hundimiento del globo ocular izquierdo, además de una gran cantidad de lesiones compatibles con mecanismos de defensa frente a un ataque. Las autoridades dijeron que se trató de autolesiones provocadas por el propio Patricio, que se había golpeado la cabeza contra los barrotes de una puerta hasta morir. Una medida de resguardo de los testigos desbarató la maniobra de encubrimiento que pretendían instalar los agentes penitenciarios.
Dos días después del crimen, la Comisión Provincial por la Memoria a través de su Comité Contra la Tortura, representantes del CELS y funcionarios judiciales realizaron una inspección en la Unidad: decenas de testigos temerosos describieron minuciosamente los hechos. Incluso los tres detenidos que propuso el Servicio Penitenciario Bonaerense como testigos de su versión le contaron al fiscal que habían sido forzados a firmar el parte oficial. Todos los relatos fueron coincidentes sobre cómo fue el asesinato.
La CPM subraya la importancia de juzgar por torturas –en este caso seguida de muerte– a los responsables. La tortura es una práctica sistemática en las cárceles bonaerenses, federales y de las restantes provincias argentinas. Sin embargo el Poder Judicial omite cumplir con su rol de controlar e impedir estas graves violaciones a los derechos humanos.
La larga lucha de gran parte de la sociedad argentina por memoria, verdad y justicia ante las atrocidades de la dictadura militar sólo serán parte constitutiva de nuestra democracia cuando se asuman de la misma manera la lucha contra las atrocidades del presente.
