«Los primeros días de enero y en coincidencia con la lectura de los fundamentos, comenzamos a recibir amenazas de muerte que continúan hasta el día de la fecha», explicó en diálogo con Télam el juez federal de La Plata, al interpretar los hechos como «una campaña dirigida a desestabilizar el proceso de juicios por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en el país».
Puntualizó que comenzaron con llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos y cartas que evidencian «una avanzada estructura logística con información sobre el entorno social y familiar de cada uno de los destinatarios» y que con el transcurso de los días crecieron «en frecuencia y en gravedad», aunque prefirió no dar más precisiones para no entorpecer las investigaciones.
En el juicio por crímenes en «La Cacha», donde el Tribunal condenó a quince represores, entre ellos el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, se juzgó por primera vez a los servicios de Inteligencia del Ejército en La Plata y y también la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense en el centro clandestino ubicado en la capital bonaerense.
Rozanski fue víctima de amenazas en otras oportunidades, una de ellas tras la condena a reclusión perpetua a Etchetolatz, brazo ejecutor del ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en 2006, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
La última fue a días del inicio del juicio por el «Circuito Camps», que en septiembre de 2011, por primera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad juzgó y condenó a prisión perpetua a un civil, el ex ministro de Gobierno de la dictadura, Jaime Smart, junto a otros 25 imputados.
El magistrado remarcó que las últimas denuncias significan «un alerta importante», y advirtió que «no debe descartarse que hayan influido los avances judiciales de algunos tribunales dispuestos a determinar las responsabilidades y complicidades de sectores de la población hasta ahora excluidos», al referirse al juzgamiento de cómplices civiles de la dictadura.
Con la denuncia presentada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, apenas comenzaron las primeras amenazas, Rozanski se mostró «convencido» de que las investigaciones «arrojarán luz sobre esas operaciones y sobre todo van a ratificar una vez más que este proceso de verdad, justicia y memoria es por decisión de la inmensa mayoría de la sociedad argentina, irreversible».
