La iniciativa anunciada la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue concretada mediante el decreto 516, publicado en el Boletín Oficial, en que se establecen como objetivos principales del programa «la normalización de las redes de baja tensión y las instalaciones interiores de los barrios beneficiarios, con la finalidad de disminuir la cantidad de accidentes y siniestros derivados de instalaciones precarias y de las instalaciones interiores de las viviendas».
En el marco de los considerandos de la norma se destaca además la necesidad de «superar la visión comercial de los servicios públicos instaurada en la política económica aplicada en la denominada década del noventa, procurando que el Estado Nacional realice acciones tendientes al resguardo de la vida, la salud y el patrimonio de los sectores de la población más humildes que están desprovistos de un acceso seguro al servicio público de electricidad».
Sobre este punto, específicamente el Poder Ejecutivo menciona en la disposición a «aquellas zonas en donde las empresas de distribución de energía eléctrica no tienen obligación de desarrollar y atender el tendido de redes de distribución ni la obligación de realizar obras complementarias para velar por la seguridad de los usuarios del servicio».
Tras el anuncio de Cristina, la secretaria de Energía, Mariana Matranga, estimó que el Proine alcanzará este año a unos 100.000 hogares de villas o barrios carenciados.
