El representante del Ministerio Público reiteró los fundamentos que vinculan los delitos sexuales con crímenes de lesa humanidad y destacó el carácter autónomo de esa clase de figuras legales y, por tanto, su independencia de los tormentos.
«El sometimiento sexual de las detenidas –sostuvo Delgado– se tradujo en un modo de instrumentar el miedo, la degradación, el castigo y el aniquilamiento predispuesto para las mujeres en particular».
En el repaso de los hechos, el funcionario recordó que el centro clandestino de detención Cuatrerismo-Brigada Güemes, más conocido como Protobanco, funcionó entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino, y estaba ubicado en Camino de Cintura y Ricchieri, en el Conurbano Bonaerense. Por su parte, la Comisaría de Monte Grande operó como centro clandestino de detención desde julio de 1976 hasta octubre de 1978, además de llevar a cabo sus funciones regulares.
Los casos relevados surgieron de los testimonios de las propias sobrevivientes, quienes incluso dieron cuenta de los abusos y violaciones sufridas por otras dos víctimas que continúan desaparecidas, pero que llegaron a narrar lo sucedido cuando coincidieron en los centros.
«Constituyó una práctica habitual que formó parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el gobierno de facto que usurpó el poder en 1976 y estableció un plan sistemático de represión estatal», señaló Delgado al interpretar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, implementado en la Argentina por la Ley 26.200.
