Dos ex policías de la provincia de La Rioja fueron detenidos por su participación en los asesinatos de militantes de las Ligas Agrarias del Chaco durante la última dictadura. Se trata de Miguel Antonio González y Alcides Roberto Safenraiter, a quienes los fiscales federales Carlos Amad y Diego Vigay imputan por las ejecuciones, disfrazadas de enfrentamientos, de Raúl Gómez Estigarribia y Carlos Servando Picoli.
Por el homicidio de Gómez Estigarribia también están imputados el oficial de Inteligencia del Ejército José Tadeo Luis Betolli y el ex oficial de la Brigada de Investigaciones de la policía de Chaco José Francisco Rodríguez Valiente. Ambos están detenidos y cumplen condenas por otros crímenes de lesa humanidad. En la ejecución también fueron individualizados los ex policías Roberto Acuña y Rodolfo Mendoza, ambos fallecidos, informó el sitio fiscales.gob.
“Existen fuertes indicios para pensar que la versión oficial de las Fuerzas Armadas en la que las víctimas fueron abatidas en supuestos enfrentamientos es falsa y que en realidad fueron literalmente ejecutados, repitiendo la sistemática de la Masacre de Margarita Belén, reconstruida en el debate oral y en la que ya hubo sentencia”, explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal al solicitar las detenciones, que finalmente ordenó el juez federal Carlos Skidelsky.
“Con datos muy puntuales demostramos que tanto Gómez Estigarribia como Picoli estaban desarmados y que no murieron en un supuesto enfrentamiento sino que fueron ejecutados”, explicó el fiscal Vigay. “En el caso de Gómez Estigarribia lo declaró el represor que lo trasladó hasta el lugar en el que fue asesinado, una pequeña localidad llamada Corcuera”, dijo. La autopsia de Picoli “dice que la muerte le fue ocasionada por una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y de salida, que según los peritos es muy extraño que sea provocada en un enfrentamiento”, agregó. La ejecución se produjo cerca de la ciudad de Sáenz Peña, en un camino vecinal de la zona rural.
A pedido de Amad y Vigay, que integran la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía federal de Resistencia, el juez ordenó semanas atrás la exhumación de los cuerpos de los ex dirigentes de las Ligas Agrarias para que el Equipo Argentino de Antropología Forense determine las causas de las muertes.