Por Germán Celesia / Cada vez con más, los medios hegemónicos buscan que la ciudadanía tome partido en discusiones propuestas desde las tapas de los diarios, y que se basan en simples conjeturas y no en hechos verificables. Generalmente, estas operaciones de prensa son construidas de manera tal que tengan potencial para dañar la imagen pública del gobierno. Y esta garantía de debate estéril, sin resultado positivo posible, sirve también para desviar la atención de otros asuntos de interés público que puedan resultar más favorables al Ejecutivo nacional o el kirchnerismo.
“El gobierno negocia una tregua con jueces y fiscales federales”, es el título central de la edición del diario La Nación del domingo 8. Allí habla de “choque de poderes” y coloca al Ejecutivo nacional como promotor de esa supuesta “tregua” ante “una serie de fallos adversos al gobierno”. La propuesta sería “desacelerar las causas más críticas hasta el 10 de diciembre”.
¿Cuáles son los hechos o las fuentes periodísticas que avalan esta portada? No los hay. Según el periodista Hugo Alconada Mon, “el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera la negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores”. ¿Quién lo dice? Nadie. Además, “desde Comodoro Py, dos jueces aparecen como interlocutores o »amigables componedores» con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral; la otra, María Servini de Cubría”, afirma, basándose en “siete jueces y fiscal” no identificados.
De esta manera, sí, el hombre de La Nación quiere que sus lectores crean que dos simples jueces de primera instancia serían capaces de llevar adelante una negociación de ese tipo, para lo cual deberían convencer de la conveniencia de “desacelerar” causas contra el gobierno o contra la familia presidencial a toda una estructura de funcionarios que abarca otras instancias superiores, incluyendo a la propia Corte Suprema de Justicia.
Según Alconada Mon, “el plan es acordar una tregua con el mayor número posible de jueces y fiscales de Comodoro Py, y aislar a los más díscolos. Entre otros, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, uno de los referentes de la marcha del 18 de febrero”. Según esta “investigación” – cuya materia prima no incluye testimonio ni base documental – “a Moldes primero buscaron tentarlo. Le ofrecieron impulsar el pliego para juez de su hijo”, pero el rechazo del fiscal a esa propuesta – posiblemente inventada por el periodista – es presentada como si se tratara de una muestra de fortaleza moral. Además, el hombre de La Nación sugiere la existencia de amenazas al fiscal Gerardo Pollicita para que no apele la disparatada denuncia contra la Presidenta Cristina Fernández, ya rechazada por tres jueces de primera instancia por falta absoluta de evidencias.
Este razonamiento es maximizado en otro artículo donde afirma: “Tanto Pollicita como su jefe inmediato, el fiscal general ante la Cámara, Germán Moldes, recibieron mensajes explícitos para que no objetaran el controvertido desistimiento que dispuso Rafecas. Pero apelaron igual”. Es decir, son poco menos que “héroes” en el universo creado por el artículo.
Además, todo está construcción periodística, endeble de principio a fin, muestra parte de su sentido en una columna firmada por Joaquín Morales Solá. “La Cámara Federal deberá ahora revisar o ratificar la resolución del juez Daniel Rafecas, que desestimó de plano la denuncia de los fiscales Nisman y Gerardo Pollicita contra la Presidenta, Timerman, D»Elía, Esteche, Larroque y Bogado, entre otros. Larroque recusó al fiscal de la Cámara, Germán Moldes, sólo porque éste participó de la marcha del 18-F en homenaje a Nisman. ¿Qué tiene que ver una manifestación de dolor con una causa por encubrimiento de terroristas? Nada. No hay un solo artículo del Código Procesal Penal que habilite semejante recusación. Moldes es ahora el enemigo del cristinismo”, señala.
De esta afirmación se trasluce que si la Cámara Federal – o cualquier otra instancia judicial – emitiera un fallo “favorable” al gobierno o incluso si demorara una resolución, podría ser acusado por La Nación de participar de este supuesto “pacto”, que en el universo paralelo de la prensa hegemónica se suma sin ir más lejos al supuesto entendimiento secreto con Irán.
Pero Morales Solá no parece dispuesto a esperar demasiado. Ya en esa columna da por probado que un magistrado sea “operador” del Ejecutivo nacional, tomando aparentemente como “fuente” a uno de los periodistas del diario. “Extrañamente, apareció como operador del Gobierno en la justicia federal el juez Rodolfo Canicoba Corral, que es el que firmó las órdenes de captura internacional de los dirigentes iraníes, que todavía están vigentes. Canicoba Corral fue desleal con Nisman no bien éste hizo su denuncia y ahora fue desleal con el resto de los fiscales, porque descalificó la marcha de febrero que éstos convocaron. ¿Qué lo empuja a Canicoba Corral a ser tan funcional al Gobierno? ¿Acaso la posibilidad de que su hijo sea nombrado juez?”, acusa.
Como si toda esta construcción hipotética no fuera ya suficientemente rebuscada, Morales Solá la considera como si se tratara de una evidencia del asesinato de Alberto Nisman. “En ese contexto, sabe a verosímil la denuncia de la jueza Arroyo Salgado de que su ex esposo, y padre de sus hijas, fue víctima de un crimen”, dice.
Repercusiones
En sus ediciones de los días sucesivos, el diario busca mantener su “tema” en la agenda periodística. Y el propio Alconada Mon firma un artículo cuyo título dice todo: “Para los jueces, la tregua con el Gobierno sería inmoral”. Está de más aclarar que no sólo no hay hechos, testimonios o evidencias que avalen lo que dice el hombre de La Nación, quien incluso tiene la soberbia de desestimar una desmentida del Ejecutivo a toda esta construcción periodística. “La Asociación de Magistrados consideró ayer que sería »inmoral», un »escándalo» y un acto de »corrupción» que los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py acuerden una tregua con el Gobierno hasta diciembre, como reveló La Nación”, dice. “Revelar” es, para la Real Academia Española, “descubrir o manifestar lo ignorado o secreto”, pero lo “ignorado o secreto” debe ser real y tangible y no fruto de un acto meramente especulativo. Según el hombre de La Nación, “el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, intentó desmentir la existencia de esas negociaciones”. Al decir “intentó”, el periodista anticipa un fracaso de la desmentida, ya que al tener la potestad de acomodar hechos supuestamente secretos según la conveniencia del medio, La Nación sostiene que es cierto algo que no muestra y que uno de los supuestos actores niega siquiera que exista o que haya participado de esa acción.
Por las dudas, Germán Garavano sostiene en una columna de este martes que “la Justicia pone límites a los excesos de la política”, con lo cual se propone contribuir al objetivo explícito del diario de impedir transformaciones sociales y económicas por vía de la acción dl Ejecutivo nacional y el Congreso. “La Justicia, lamentablemente, ha quedado en el lugar de poner los límites frente a tanto atropello y por eso es que sufre los inéditos ataques a los que estamos asistiendo”, afirma. Por su parte, La Nación, en nota editorial, supone que el cumplimiento de las facultades legales del gobierno en cuanto a proponer un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia es “insistir en el error”, con lo cual la “tribuna de doctrina” se propone como una surte de reserva morales y jurídica de la Nación.
