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Los negocios del Batallón de Inteligencia 601, la persecución a empresarios y financistas, los secuestros extorsivos y las operaciones políticas dentro y fuera del país serán parte de lo que a partir de hoy empezará a revisar el nuevo juicio oral a Leandro Angel Sánchez Reisse, uno de los integrantes del 601, de manos pulidas pero considerado una suerte de cerebro entre los hombres de Inteligencia y secuestros extorsivos. El TOF 6 juzgará en este debate a dos de sus socios: Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle. Todos están acusados de haber integrado una asociación ilícita para realizar secuestros extorsivos y financiar el aparato represivo, por al menos tres hechos probados y ocurridos entre fines de los ’70 y comienzos de los ’80.
Leandro Sánchez Reisse nació el 9 de mayo de 1946, es separado de hecho de su segunda esposa, tiene estudios universitarios completos, es licenciado en publicidad y, según su declaración, lleva por ocupación la de comerciante. Esta investigación lo sitúa además, como integrante del Batallón 601, como un hombre conchabado por la DEA a partir de 1979 y, según él mismo lo cuenta, con operaciones en distintos países. En este momento está detenido en Marcos Paz y es una de las figuras principales del juicio que empieza: lo es no sólo por su pasado sino porque su nombre reaparece a lo largo del tiempo, mostrando las trayectorias de los servicios de inteligencia y de seguridad, según informó Página/12.
“Los imputados resultaron ser integrantes de la asociación ilícita conformada por personas que pertenecían o guardaban alguna vinculación funcional con el aparato represivo que detentó el poder entre los años 1976 y 1983”, señaló el juez Sebastián Casanello en la elevación a juicio. “Esta organización, que destinaba su actuar criminal a la concreción de diferentes secuestros de empresarios y financistas a cambio de rescates por importantes sumas de dinero, se sirvió de armas de gran poder ofensivo y operó con un alto grado de coordinación, en la clandestinidad y bajo el secreto de identidades falsas, y fue avalada por las máximas autoridades del gobierno de facto en el poder durante el período mencionado, en tanto que el beneficio económico obtenido de los rescates se destinaban a la ‘lucha antisubversiva’ y/o en beneficio de sus integrantes.”
El juzgado entendió que Sánchez Reisse era parte de esa asociación que estaba integrada por “personal de Inteligencia de las fuerzas de seguridad, entre ellos Rubén Osvaldo Bufano, Luis Alberto Martínez alias el Japonés, exceptuado del juicio por razo-nes de salud, y Arturo Ricardo Silzle”.
La fiscal Gabriela Sosti, que será parte de la acusación, destaca que la instrucción dio por probado que estos secuestros se realizaban no sólo para beneficio propio, sino que eran una fuente de financiación de la estructura represiva para operaciones dentro y fuera del país.
Los secuestros que se les imputan son tres. Todos están probados y son conocidos. El primero es el de Alberto Martínez Blanco y Alberto Tomasevich, cuñados, dueños del Grupo Puente Hermanos. A ellos, los secuestraron el 20 de septiembre de 1980. Los paró un Ford Falcon con cinco o seis personas armadas. Martínez Blanco fue liberado con el encargo de buscar el dinero del rescate. Tomasevich permaneció secuestrado varias horas, sometido a golpes y descargas eléctricas con los ojos vendados. Lo liberaron tras cobrar 680 mil dólares. Este caso es el origen de la causa, que se inició en noviembre de 2005, con una presentación de Eduardo Barcesat.
Sobre ese expediente se sumaron otros. El secuestro extorsivo del financista David Koldobsky, dueño de Cambio América SA, de principios de 1981. Hubo un intento de cobro de rescate en Suiza que dio lugar a una pesquisa e investigación. Declaró Martínez Blanco y Tomasevich y en esa causa quedaron detenidos en Suiza Sánchez Reisse; la persona que por entonces era su esposa, llamada Mariana Bosch de Sánchez Reisse; también Bufano, Martínez y su esposa, llamada Amalia Covas de Martínez. Fue procesado Ricardo Arturo Silzle. Todos fueron condenados allí por “tentativa de chantaje”.
El tercer caso es el secuestro extorsivo de Fernando Alberto Combal, socio de negocios de Sánchez Reisse, secuestrado el 8 de mayo de 1979 en Buenos Aires. Combal fue liberado al día siguiente tras el pago de 1.200.000 pesos de rescate. Esa investigación estuvo parada hasta los procesamientos de los responsables y de sus esposas en Suiza. Combal también viajó y reconoció a Bufano y Martínez.
Quienes siguen el expediente esperan saber todavía mas durante estos días. Los acusados dieron algunos datos importantes durante las indagatorias. Pese a que se sabe que esas declaraciones también son sus coartadas, algunos datos llaman la atención. Sánchez Reisse, por ejemplo, admitió que inició su relación con la DEA alrededor de 1979 y que habría “realizado diversas operaciones en distintas partes del mundo”, como Colombia, Holanda y Argentina. Dijo que participó de la “Operación Langostino” aunque obviamente negó formar parte de una fuerza represiva en Argentina. En la elevación a juicio, el juez recuerda fragmentos de una declaración que hizo Luis Martínez cuando se hallaba detenido en Suiza. Allí señala que la banda se dedicaba a secuestrar banqueros y financistas a quienes se les adjudicaba afinidad con grupos subversivos, cobrando por sus liberaciones importantes rescates. Dicha actividad era coordinada desde las mismas esferas de los gobernantes del momento y el botín se repartía entre los que participaban del secuestro y los jefes de seguridad que habían ordenado los operativos clandestinos. Igualmente se destaca como punto de conexión el modo en que se desarrollaron los secuestros, como así también el método de postas utilizado para el pago del rescate.
