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La AFIP denunció penalmente a la empresa Delphi Packard Argentina por el presunto delito de alteración del orden económico y financiero. La multinacional autopartista de capitales estadounidenses pretende cerrar su planta en San Juan donde trabajan más de 470 personas. Las autoridades tributarias advierten en su presentación judicial que la compañía desplegó maniobras de vaciamiento, un mecanismo similar a lo observado durante la quiebra fraudulenta de la imprenta Donnelly. El objetivo declarado de la firma que tiene entre sus accionistas al fondo buitre Elliottt Management, de Paul Singer, es abastecer mazos de cable a las terminales automotrices desde Brasil. El principal cliente en el país, PSA PeugeotCitroën, acompaña esa decisión. Desde los ministerios de Trabajo, Industria y Economía promueven que, en lugar de concretar su liquidación, Delphi sea transferida para preservar los puestos de trabajo. La empresa es uno de los principales empleadores privados de la provincia. La denuncia presentada ante el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, representa un último intento para acelerar ese proceso.
Hay dos interesados declarados en adquirir Delphi: el presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, y Enrique Ruffo, propietario de la autopartista Cibasa. Ambas propuestas están acompañadas por contratos de provisión de mazos de cable a terminales como, por ejemplo, FIAT, que hoy importa esos insumos desde Uruguay. La próxima semana debería alcanzarse una resolución definitiva del conflicto. La transferencia a capitales locales permitiría preservar los puestos de trabajo y evitar mayores tensiones sobre la balanza comercial como consecuencia del incremento en las importaciones, según consignó el periódico Página/12.
Las autoridades de la empresa regresaron a Brasil donde Delphi concentra sus operaciones regionales. El presidente para América latina es Paulo Santos y la liquidación de la planta sanjuanina está en manos del abogado Alejandro Ciero, socio del estudio Tanoira Cassagne. Con ambos, el lunes mantuvieron una reunión/teleconferencia los ministros Axel Kicillof, Carlos Tomada y Débora Giorgi. Si no prospera la transferencia, el Gobierno exige a la firma que otorgue una indemnización completa a los trabajadores y no la que correspondería si la empresa estuviera en una situación de crisis. En ese caso, los trabajadores del sector plástico reclaman una compensación todavía mayor. Incluso plantearon a lo largo del conflicto la posibilidad de autogestionar la empresa.
Delphi es un gigante autopartista norteamericano que nació a mediados de los noventa como una división de General Motors. Con dificultades financieras y denuncias de abusos desde comienzos de los 2000, en medio del estallido de la crisis internacional, el fondo Elliott desembarcó junto con otros buitres en Delphi, donde se convirtieron en accionistas controlantes. Se trató de una operación hostil. Primero adquirieron su deuda por un 20 por ciento del valor nominal y luego, su capital pagando sólo 67 centavos por acción. Cuando salió al mercado, las acciones cotizaron 22 dólares, una ganancia del 3000 por ciento.
La exorbitante rentabilidad hubiera sido imposible sin acceder, presiones de cierre de todas sus plantas y destrucción de 25 mil puestos de trabajo mediante, a los distintos planes de salvataje lanzados por el gobierno de Barack Obama. En total, los subsidios, condonación de deudas y beneficios estatales de Delphi ascendieron a 12.900 millones de dólares. Finalmente, de 29 plantas que tenía la compañía en Estados Unidos sólo cuatro siguen funcionando. Una investigación realizada por el periodista Greg Palast publicada en la revista norteamericana The Nation reveló que uno de los inversores en ese negocio, junto con Singer, fue el ex candidato presidencial republicano con su esposa, Mitt y Anne Romney. Por su inversión inicial de un millón de dólares recibieron, por lo menos, 15,3 millones.
En agosto de 2012 el Grupo Pescarmona vendió la autopartista TCA a la multinacional Delphi. La empresa fue instalada en la localidad sanjuanina de Santa Lucía en 1986, beneficiándose de diferentes políticas de “promoción industrial”. El ingreso de la empresa norteamericana fue celebrado por las autoridades nacionales ya que, supuestamente, permitiría avanzar en el proceso de sustitución de importaciones junto con las otras tres principales productoras nacionales de mazos de cable: Kromberg & Shubert, Yasaki y Lear, otra de las firmas del sector con inconvenientes.
Sin embargo, la información financiera de la compañía a lo largo de los últimos dos años evidencia, para las autoridades de la AFIP, un vaciamiento planificado. Incluso en un año record para el sector como fue 2013 se endeudó en exceso –local y con empresas vinculadas del exterior–, no invirtió y exhibió una escasa rentabilidad.
