“El caso Domínguez tiene un aditamento: los involucrados son trabajadores de un sector muy especial como es la Policía de la provincia de Buenos Aires, a la cual se la tiende a encubrir bastante. La rémora está en la calificación de los sujetos. Cuando hay imputados de la Policía bonaerense, la lentitud de la Justicia se hace costumbre, las condenas son muy bajas y hay hechos que no se toman como elementos”.
Así lo sintetizó a AgePeBA Marcelo Ponce Núñez, abogado de la familia de Cristian Domínguez, el joven torturado y asesinado en febrero de 2005 por efectivos de la Comisaria Primera de Berisso.
La familia de la víctima reclama desde hace tiempo que se revise el fallo que condenó a los policías Víctor Gómez, Luciano Príncipi y Germán Cernuschi a 14, 4 y 3 años de prisión, respectivamente, pero la Cámara de Casación Penal bonaerense aún no se expide.
El letrado recordó que la querella invocó el delito de tortura seguida de muerte, pero finalmente los efectivos fueron condenados por homicidio simple, en el caso de Gómez, y privación ilegítima de la libertad, en el caso de Príncipi y Cernuschi.
Ponce Núñez adelantó que el próximo martes se reunirá con las autoridades de Casación para reclamarles, nuevamente, “celeridad” y que contemplen a otros efectivos que no fueron juzgados.
Para el letrado, no se hace justicia en este tipo de casos porque “el fin es condenar a los pobres”.
“El derecho penal en la Argentina está preparado para condenar a los pobres. Si revisamos las cárceles del país, no vamos a encontrar a mucha gente de clase media o meda alta. Hay un fin y una estructura, el fin de la estructura es perseguir delincuentes, pero se busca solamente al sector más pobre de la población. Para los delincuentes de guante blanco no hay procesos y menos condenas”, reflexionó.
