Christian Domínguez ingresó en la Comisaria Primera de Berisso el 5 de febrero de 2005 para denunciar el hurto de una campera de su propiedad. Tras ser trasladado por miembros de la policía bonaerense para hacer efectiva la denuncia, apareció sin vida dentro de una celda. La investigación del caso apuntó a los mismos integrantes de la fuerza como responsables del asesinato del joven.
Por el hecho fue condenado el sargento Víctor Gómez a catorce años de prisión por “homicidio simple”, mientras que el subcomisario Luciano Príncipi y el oficial Germán Cernuschi recibieron penas de cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
La familia planteó ante la Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense la revisión del fallo, pero a dos años y cuatro meses el tribunal sigue sin expedirse.
La titular de la Asociación Miguel Bru, Rosa Schonfeld, explicó a AgePeBA que a Gómez lo condenaron a 14 años “por ser el que menos jerarquía tenía en la Comisaría” y exigió una “pronta resolución del Tribunal de Casación” porque “las responsabilidades eran mucho más amplias”
En el recurso ante Casación, se pidió que los jueces tengan en cuenta el agravante de que el crimen ocurrió dentro de una Comisaría de la policía de la provincia de Buenos Aires y también se hizo hincapié en las torturas recibidas por Christian.
La madre de Miguel Bru, el estudiante de periodismo secuestrado y desaparecido por efectivos de la Comisaria Novena de La Plata el 17 de agosto de 1993, apuntó contra algunos sectores de la Justicia, para los que “el valor vida siempre es menor” cuando debe condenar “la muerte de los pobres”.
Para Rosa, “el camino a seguir es la lucha” no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino “a lo largo y a lo ancho” del país.
“En Córdoba tenemos muchos pibes muertos, también en Rosario y Mendoza. Ya no podemos hablar solo de la Bonaerense como ´la maldita policía´”, sostuvo.
En este sentido, llamó a modificar el Código Penal y acabar con los beneficios para los uniformados enjuiciados.
“Tiene que haber un cambio en el Código Penal. La condición de ser policía, de proteger al ciudadano, reviste una mayor responsabilidad, y sin embargo tiene más beneficios que un delincuente común”, concluyó.
