El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, dio a conocer los nuevos cargos contra Abarca, que fue detenido en noviembre y está recluido en un penal de alta seguridad, pero por otros delitos.
Hasta ahora el ex alcalde estaba acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado en relación con el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona ocurrido en 2013.
Según las autoridades, Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, también detenida, fueron los autores intelectuales del ataque perpetrado el 26 de septiembre contra los estudiantes, que dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
El caso Ayotzinapa destapó otras muertes y desapariciones ocurridas en los últimos años en la zona de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital.
Como parte de las investigaciones se han hallado los cadáveres de otras 30 personas, de los cuales por ahora sólo 12 han sido identificados. Cinco policías municipales enfrentan órdenes de aprehensión por estas muertes.
Zerón informó que hasta el día de hoy suman 97 detenidos por el caso de los 43 estudiantesy descartó que haya habido participación del Ejército, como afirman familiares de los desaparecidos, que ayer intentaron ingresar a un cuartel militar en Iguala para ver si los estudiantes estaban dentro.
Según indicó Zerón, de las investigaciones «no se desprende participación alguna de cuerpos de seguridad federales en desaparición de estudiantes».
Los jóvenes, alumnos de la Escuela Normal Rural de formación de maestros de Ayotzinapa del sureño estado de Guerrero, fueron perseguidos y detenidos por policías municipales de Iguala para impedir que sabotearan un acto de la esposa del alcalde.
Después fueron entregados, según las investigaciones, al grupo criminal Guerreros Unidos que los asesinó e incineró en una fogata encendida en un basurero, de acuerdo con la versión de tres autores materiales. Sólo se han identificado hasta ahora los restos de uno de los jóvenes.
Padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala tuvieron hoy una reunión informativa en la Procuraduría General de la República, por primera vez después de casi un mes sin diálogo, para un seguimiento de las investigaciones.
La fiscalía informó que los familiares pidieron poder ingresar a los cuarteles del Ejército para buscar a sus hijos.
«Se les recordó que éstos mismos están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a las nuestras instituciones», se indicó en un comunicado.
