El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó una denuncia contra el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a raíz de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de un plan federal para urbanizar villas y asentamientos en ese partido del norte del conurbano bonaerense.
Según confirmaron hoy fuentes judiciales, el fiscal imputó a Posse; al secretario de Gobierno del Municipio, Héctor Prassel; al ex subsecretario Fernando Romero; y a empresas que se adjudicaron las obras, como Constructora Pilar SRL, Construcciones Ecológicas SA, Syrah Global e Ineco SA.
En la causa, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, Di Lello pidió un peritaje en barrios como «La Cava», «Boulogne» y «Uruguay» para establecer si se cumplió con el Plan Federal con fondos aportados por la Nación.
Además, requirió que se cite como testigo al ex Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y a la concejala de San Isidro, Marcela Durrieu, autora de la denuncia presentada en los tribunales federales de Retiro.
Al impulsar la pesquisa, la fiscalía solicitó determinar si se hicieron las obras, en qué fechas y si hubo «algún perjuicio económico» para el Estado nacional.
Durrieu sostuvo que no se edificaron todas las viviendas pactadas y que muchas familias fueron llevadas a «viviendas transitorias» desde que en 2005 se presentó el programa de «Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios» para la provincia de Buenos Aires.
San Isidro recibió más de 410 millones de pesos hasta el 2007, lo que equivale a un 30 por ciento del presupuesto total del plan.
